- Ex procurador penal opina que detención de Mayorga es ilegal
Janelys Carrillo [email protected]
El juicio iniciado el martes contra Francisco Mayorga y cinco directivos del desaparecido Banco del Café (Bancafé), pasó ayer del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen al Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, tal como los reos detenidos y su abogado defensor Armando Juárez pidieron desde que fueron encausados.
A lo largo del día, las expectativas giraron en torno a una eventual excarcelación de Mayorga y su ex socio Omar González, presuntamente porque el Tribunal de Apelaciones revocaría el arresto provisional de ambos al no existir en el expediente, previo a su captura, una orden judicial que así lo ordenara.
La representante de la Fiscalía, Ada Luz Valerio, no se opuso al traslado del expediente hacia el Juzgado que dirige Sabino Hernández, pero se mostró en desacuerdo con la eventual excarcelación del ex banquero y su socio.
TRIBUNAL CONOCI PRIMERO
El argumento esgrimido para trasladar las diligencias al Juzgado de Hernández, apunta a que supuestamente en esta judicatura se conoció primero de una denuncia contra Mayorga y otros directivos de la entidad financiera, lo que le otorga competencia para procesarlo por la denuncia que la Fiscalía interpuso en su contra por la quiebra del banco.
POLEMICA POR DETENCION
La polémica sobre la legalidad o no, de la detención de “Panchito” Mayorga se avivó cuando los expertos en Derecho alegaron que esta institución no puede anteponer su Ley Orgánica a la Constitución Política del país, que mandata que sólo se puede capturar sin orden judicial a quien sea sorprendido cometiendo un acto delictivo o dentro de las 24 horas siguientes.
El ex procurador auxiliar penal Domingo Suárez y abogado defensor de Mayorga y de González, declaró que “lo de Panchito es inconstitucional” porque fue capturado después de las 24 horas en que supuestamente delinquió, es decir que se conoció de la quiebra del Bancafé.
El magistrado Arturo Cuadra Ortegaray indicó que toda captura siempre debe hacerse con orden judicial, salvo cuando el detenido sea sorprendido cometiendo una acción delictiva determinada.
