La ciudadanía está sorprendida por las resoluciones judiciales de auto de prisión y encarcelamiento dictadas últimamente contra poderosos e influyentes personajes de la política y las finanzas del país, incluyendo a ex funcionarios del actual gobierno conocidos por su estrecha cercanía al Presidente Alemán.
Como es sabido, han sido fulminados con auto de prisión y órdenes de arresto los ex presidentes de la empresa nicaragüense de telefonía, Jorge Solís Faria y Gabriel Levy. También se dictó auto de prisión en perjuicio del ex alcalde liberal de Managua, Roberto Cedeño, y del antiguo presidente del Partido Conservador y ex concejal de Managua, Pedro Solórzano Castillo; y fue encarcelado Francisco Mayorga, ex presidente del Banco Central de Nicaragua durante el gobierno de doña Violeta B. de Chamorro y ex presidente del Banco del Café que fue quebrado por supuestas acciones fraudulentas.
Es sorprendente esta cadena de resoluciones judiciales contra altos personajes públicos que han sido señalados en actos de corrupción, porque no es usual que en Nicaragua la ley y la justicia castiguen de ninguna manera a los poderosos, aunque sean enormes sus delitos; y porque después del pacto libero-sandinista las decisiones judiciales en casos parecidos fueron para proteger a poderosos personajes involucrados en escándalos de corrupción, y hasta en algún caso de homicidio.
¿A qué se debe, entonces, que hayan ocurrido esas decisiones judiciales tan sorprendentes? Sin duda que esto tiene que ver con la próxima reunión, en Madrid, del Grupo Consultivo de organismos y países donantes con Nicaragua, que exigen cumplimiento de los compromisos de gobernabilidad y transparencia a cambio de no entorpecer el desarrollo normal de los programas de cooperación externa. El representante del FMI en Managua, Joaquín Harnack, fue muy claro al respecto en declaraciones que dio a varios medios informativos, incluyendo LA PRENSA, sobre el caso del encarcelamiento de Francisco Mayorga: “Creemos que deben aplicarse las leyes del país para perseguir cualquier mal manejo de fondos que se pueda probar, si hay crisis en un banco hay que investigar, y si hay culpables hay que seguir adelante en el proceso”.
En realidad, como hemos dicho en otras ocasiones, el Poder Judicial debe combatir la corrupción y aplicar la ley a los corruptos no porque lo exijan los organismos internacionales y los países donantes, sino porque esa es su obligación. No obstante, cualquiera que sea la razón que haya motivado las últimas decisiones de los jueces, es satisfactorio saber que el Poder Judicial se está preocupando por castigar al menos a algunos de quienes resulten realmente involucrados en actos de corrupción pública y en acciones fraudulentas en los bancos.
Pero también hay que señalar que la sentencia dictada contra Pedro Solórzano está contaminada de intencionalidad política. A pesar de que Solórzano incurrió en un conflicto de intereses en el caso de los contratos de la Alcaldía de Managua con la empresa Solectra, él no era funcionario administrativo de la municipalidad y por lo tanto no había méritos para imputarle responsabilidad penal, y mucho menos para condenarlo, después de que la Procuraduría y la Alcaldía manifestaron no tener cargos en su contra.
Por otro lado, nos ha causado consternación lo dicho por el canciller Francisco Aguirre Sacasa de que Gabriel Levy sería destituido de su cargo de embajador de Nicaragua en Israel, “sólo si fuera condenado de manera definitiva a permanecer en prisión”. Pero el principio universal de Derecho citado por el canciller para proteger a Levy, de que “todo mundo es inocente hasta que haya sido comprobado que se ha cometido realmente un delito”, no puede ser invocado como una garantía de certeza jurídica ni moral. Sólo es un principio básico de Derecho.
La verdad es que quien ha sido fulminado con auto de prisión y orden de arresto es un prófugo de la justicia, y por razones elementales de ética no debería seguir ejerciendo una función que, como la representación diplomática, requiere de impolutas credenciales morales. Por lo menos al señor Levy se le debería pedir o sugerir que renuncie al cargo, o aunque sea suspenderlo del mismo mientras un tribunal de jurados dicta veredicto definitivo. Sólo es un asunto de decoro.
