- El procurador Centeno asegura que ahora la ciudadanía tiene doble protección legal
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Miles de ciudadanos que tienen procesos penales pendientes en los tribunales, quedaron sin protección jurídica porque los procuradores que los representan pueden ser recusados por actuar de forma ilegal, al entrar en vigor la ley creadora del Ministerio Público, mediante la Fiscalía General, que les impide representar a la sociedad y a las víctimas, advirtió el segundo secretario del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez.
El procurador Julio Centeno Gómez desmintió a Gutiérrez y se amparó en el artículo dos de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Ministerio Público que consigna que “el Procurador General de Justicia ejercerá las funciones del Fiscal General de la República hasta que se produzca el nombramiento del titular, lo que deberá hacerse dentro de los primeros 60 días de vigencia de esta Ley”.
Centeno alegó que, por el contrario, ahora la ciudadanía tiene doble protección legal porque la Procuraduría divide sus funciones con el Ministerio Público y continúa representando al Estado y la ciudadanía y por eso no caben las recusaciones.
Sin embargo, Gutiérrez afirma que los 60 días que establece el artículo transitorio de la legislación expiraron el 17 de diciembre, porque fue publicado en La Gaceta número 196 del 17 de octubre del año 2000.
El primer secretario del Parlamento, Pedro Joaquín Ríos, confirmó ayer que existen fricciones entre las bancadas liberal y sandinista para la elección en el Parlamento del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, cuyos candidatos son el procurador Julio Centeno Gómez y la diputada María Lourdes Bolaños.
¿SE APROVECHO EL PRESIDENTE?
La discordia es por la publicación del reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público en la que, según Gutiérrez, el Presidente Arnoldo Alemán legisló por extensión.
“Pareciera que el Poder Ejecutivo incorporó al reglamento lo que no pudo hacer prosperar a través del veto que retiró. Los artículos rechazados en el plenario los reestructuró, modificó y maquilló y los pasó a través de un reglamento”, denunció el diputado.
Gutiérrez señaló que en el reglamento el Ejecutivo creó la secretaría ejecutiva y disminuyó las funciones del fiscal adjunto.
Opinó que al retrasar la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto “están ocasionando en la práctica una distorsión profunda al proceso de administración de justicia”.
Ríos estimó que la elección de los dos representantes de la justicia podría despejarse hoy, cuando la Directiva del Parlamento se reúna con Julio Centeno Gómez, favorito de los liberales para ostentar el cargo de Fiscal General.
