Cuando el término “competencia desleal” se aplica al mundo empresarial, se refiere por lo general a la indebida ventaja que algunos empresarios privados tienen en sus negocios como consecuencia de sus conexiones con el gobierno. Así por ejemplo, una empresa determinada puede recibir un trato especial en materia de pago de impuestos de importación de mercadería que le permite reducir costos y vender más barato que los empresarios que se dedican a la misma actividad, pero que por no tener “conexiones” con funcionarios gubernamentales tienen que pagar el total de los impuestos que exige la Ley. También se considera que existe competencia desleal cuando el gobierno le da a las empresas estatales u oficiales un trato preferencial que no extiende por igual a las empresas privadas.
En cualquiera de esos casos es obvio que el gobierno comete un acto de injusticia. Pero esa injusticia no se le hace sólo a los empresarios que no gozan de su favor, sino que se extiende a toda la sociedad, porque cuando el favoritismo del gobierno se hace patente se desestimula la inversión nacional y extranjera, y consecuentemente, la creación de empleos. Ningún empresario sensato siente deseos de arriesgar su capital en un negocio cuando sabe que las reglas del juego no son iguales para todos. La economía de mercado, que es la más eficiente en la generación de empleos y en la producción de bienes y servicios, es inhibida de cumplir con su función social cuando el gobierno interviene a favor de unos, en perjuicio de otros.
De ahí que la sociedad entera debe permanecer vigilante para que tales actos de favoritismo no se den, y para condenarlos y corregirlos cuando sucedan. Recientemente las empresas privadas del sector de la construcción han denunciado que las empresas constructoras estatales están compitiendo deslealmente con ellas al recibir contratos de obras sin que medie ningún proceso de licitación. El gobierno niega que tal cosa suceda, pero los constructores privados insisten en que sí sucede. El ingeniero Francisco Reyes, ex presidente de la Cámara de la Construcción, ha dicho que “hay una cantidad de empresas estatales que se llevan más del 50 por ciento del presupuesto nacional del MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura) y como empresas es una lucha, ¿cómo vamos a competir con empresas del Estado? Es inaudito, es tan peligroso y susceptible porque no licitan proyectos, supervisan ellos mismos, son juez y parte, no le entregan cuentas a nadie, es un drenaje de recursos incontrolable.”
Por su parte, el ingeniero Benjamín Lanzas, actual presidente de la Cámara de la Construcción, también aseveró que “el Estado no puede estar compitiendo con el sector privado…” añadiendo desconocer las razones por las que aquél ejecuta proyectos a pesar que los costos presentados por las empresas oficiales son más altos que los propuestos por el sector privado.
El Estado no debe dedicarse a actividades que pueden ser hechas más eficientemente por el sector privado, y mucho menos aún debe utilizar el enorme poder que le da el control del Presupuesto General de la República para competir con dicho sector. El peor de los escenarios posibles se da cuando el Estado pretende sustituir por completo al sector privado en la realización de actividades productivas, como sucedió bajo el gobierno de tendencia socialista de los años ochenta. Afortunadamente ese esquema se abandonó con el retorno a la democracia en 1990, pero aún queda mucho por hacer, ya que también es deficiente e injusto el sistema actual que favorece a unos empresarios y a otros no. A tal sistema -que es una perversión del sistema capitalista- se le conoce como “mercantilista”. El escenario más deseable, y perfectamente posible de implementar, es aquel en el que el Estado se dedica a lo suyo, y en el que el sector privado opera y compite bajo reglas claras, iguales y predeterminadas, sin prebendas ni favoritismos de ninguna clase. Es bajo este último sistema en donde el capital encuentra el ambiente más apropiado para asentarse y para cumplir su misión de crear puestos de trabajo dedicados a la producción eficiente de bienes y servicios para toda la sociedad.
