Joaquín Cuadra Lacayo
El ambiente electoral empieza a agitarse. Enhorabuena si el proceso electoral se desarrollara en un ambiente democrático, cívico y de altura política, pero lamentablemente no es así. Por el contrario será con la vigencia de una Ley Electoral restrictiva y excluyente, con dirigentes políticos tradicionales que ofrecen los conocidos discursos demagógicos y partidos que exhiben luchas intestinas en la puja por postulaciones a los cargos de elección.
Mientras tanto el país se debate en medio de la pobreza, el desempleo, la inseguridad ciudadana y el monopolio político por las nuevas paralelas.
En ese contexto el pasado 24 de enero la Junta Directiva de Unidad Nacional dirigió al pueblo nicaragüense una Carta Abierta en la cual sostenemos que Nicaragua no puede esperar más. En dicho pronunciamiento afirmamos que el pacto consumado el año pasado entre el PLC y el FSLN se ha constituido en un instrumento eficaz para consolidar un sistema autoritario de gobierno y que en esa medida constituye una amenaza que pone en riesgo la paz y la estabilidad del país, riesgos que se agregan a las consecuencias políticas que eventualmente puede tener la pobreza extrema que sufren la mayoría de los nicaragüenses.
Como consecuencia del pacto las principales instituciones del Estado nicaragüense están al servicio de las cúpulas del FSLN y del PLC particularmente de los intereses de los caudillos de esos partidos políticos. Aunque en el marco del actual proceso electoral se enseñen mutuamente los dientes, cuando se trata de defender sus intereses comunes los pactistas suman fuerzas, concertan medidas y unifican el discurso. Obedientes a los dictados de sus caudillos conculcaron el derecho de Unidad Nacional y del PLD a obtener su personalidad jurídica, antes inhibieron a Pedro Solórzano y ya antes habían herido de muerte la naciente democracia nicaragüense al reformar la Constitución Política y la Ley Electoral. Antes y ahora, cobijados en los alcances del pacto protegen a los culpables de actos de corrupción.
El pacto hace que los magistrados de quienes la ciudadanía espera que se comporten con honorabilidad, apego a la ley y profesionalismo, actúen como sicarios. Y este calificativo no es alegórico, es literal en cuanto sicario es sinónimo de pistolero.
Los nicaragüenses sabemos por nuestra propia experiencia que el cierre de los espacios democráticos y el ejercicio autoritario del poder, tarde o temprano sólo conduce a la violencia social y política. Ese ciclo recurrente en nuestra vida política nos ha dejado un saldo histórico de dolor, atraso y pobreza que hoy vivimos los nicaragüenses.
La Carta Abierta de Unidad Nacional y particularmente nuestra propuesta que doña Violeta Barrios de Chamorro sea la candidata presidencial de una Gran Alianza Democrática, ha motivado reacciones de distinto tipo. Mientras los sectores interesados en construir una Nicaragua pluralista con instituciones firmes y sólidas han compartido y saludado dicha iniciativa, voceros oficiales y oficiosos de uno y otro lado del pacto se han apurado a descalificar la gestión de la ex Presidente y en deslegitimar la postulación “porque se viven otros tiempos”.
En la Carta Abierta afirmamos que hasta hace poco la conformación de una Gran Alianza Democrática contra el pacto y la corrupción era sólo una aspiración, pero hoy existen condiciones que la propician y la empujan.
En las elecciones municipales hubo un 48% de abstención. Es evidente que tal ausencia en las urnas mostró que para la mitad de la población ninguna de las opciones electorales era atractiva o confiable. Y de los que sí votaron un 20% optó por expresiones electorales distintas a las del PLC y el FSLN. Es decir, que hay una mayoría silenciosa desencantada de la corrupción política que corroe las cúpulas partidarias, mayoría silenciosa que puede participar y decidir en las elecciones de noviembre del 2001, toda vez que se le presente una oferta confiable y responsable bajo una bandera que cobije a todos los que estamos contra el pacto y la corrupción.
Unidad Nacional después de haber renunciado a su legítimo derecho a postular sus propios candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, propuso en el marco de la alianza la candidatura de doña Violeta Barrios bajo la bandera del Partido Conservador. Lo hemos hecho con responsabilidad patriótica, conscientes de que la conformación de la Gran Alianza Democrática no es un proceso sencillo ni exento de dificultades y de sabotajes, menos aún en Nicaragua donde la tradición política antepone el personalismo a los intereses de la patria.
Hasta ahora el Partido Conservador no ha fijado una posición sobre la propuesta presentada y por el contrario de su seno se han hecho públicas posiciones confusas y hasta contradictorias. Públicamente el Dr. Arnoldo Alemán hizo un llamado a la “familia conservadora” a unirse, llamado que seguramente va acompañado de ofertas y promesas que sin duda provocarán tentación en algunos dirigentes conservadores.
La hora de una decisión definitiva del Partido Conservador está llegando. Si esta decisión es favorable a la conformación de una Gran Alianza Democrática que ofrezca la candidatura a Doña Violeta Barrios de Chamorro, no hay duda que Nicaragua tiene futuro; en caso contrario todos habremos perdido una oportunidad excepcional para rescatar el Estado de Derecho y el rumbo democrático del país y el Partido Conservador una vez más se habrá quedado como espectador ante la marcha del tren de la historia.
En cualesquiera de los escenarios, Unidad Nacional continuará trabajando por dotar al país de un régimen de Derecho que posibilite el progreso social y económico, donde predominen las leyes y las instituciones por encima de la voluntad de los individuos y los ciudadanos despertemos cada día sin la preocupación de saber cuál es el próximo golpe a la democracia o el nuevo escándalo de corrupción.
* El autor es presidente del Movimiento de Unidad Nacional (MUN).
