- INE licitará en febrero, cuatro mil 500 kilómetros de concesión en el Pacífico
Noel Hernández Ramos [email protected]
Las empresas interesadas en la exploración de petróleo en tierra nicaragüense deberán negociar con los dueños de las propiedades donde se realizarán los estudios para obtener su permiso y si hay evidencias de oro negro a escala comercial, serán declaradas de utilidad pública, según la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
El Instituto Nicaragüense de Energía abrirá 4,500 kilómetros de áreas de superficie terrestre para la exploración de hidrocarburos, ubicada en la franja del Pacífico que va desde San Cayetano, en San Rafael del Sur, hasta el Istmo de Rivas.
Fernando Ocampo, director general de Hidrocarburos de INE, expresó que cuando las empresas obtengan la concesión de esas áreas deberán negociar alguna forma de poder, para hacer los estudios, ya sea alquilada o haciéndolo socio de la empresa.
“Como último extremo que no se pueda dar una forma de negociación, podría ser la declaración de utilidad pública y entonces el propietario recibiría una indemnización”, expresó Ocampo.
RESTRICCIÓN EN AREAS DE PESCA
En todo caso explicó que la solicitud de declaración pública sería avalada por el INE.
En el caso de las áreas ubicadas dentro de las plataformas marinas del Mar Caribe y el Océano Pacífico, dijo que INE puso restricciones en las áreas dedicadas a la pesca artesanal y áreas consideradas como reserva natural.
Según el funcionario, los contratistas necesitarán hacer arreglos con los distintos dueños de tierra por lo menos para hacer inicialmente los estudios de línea sísmica donde se vaya a hacer la investigación.
EMPRESARIOS ASUMIRÁN COSTOS
En ese sentido dijo que serán ellos los que correrán con todos los costos y gastos que implica el proceso de exploración y luego la explotación. Eso incluye la instalación de una oficina donde exista un representante legal en el país.
Yacimientos son nacionales
La Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos establece que de conformidad con el artículo 102 de la Constitución Política, los yacimientos de hidrocarburos en su estado natural son patrimonio nacional. Su dominio le corresponde al Estado, cualquiera que sea su ubicación en el territorio de la República, incluida la que se ubique en la plataforma continental y el mar adyacente a sus costas oceánicas y hasta donde se extiende la soberanía y jurisdicción de Nicaragua.
