Con frecuencia los medios de comunicación publican denuncias sobre abusos que sufren los trabajadores —particularmente las mujeres— en algunas empresas extranjeras de maquila que están establecidas en las zonas francas industriales del país.
En términos generales las quejas de los trabajadores de dichas empresas no se refieren a los bajos salarios, los cuales, según un funcionario de zonas francas es de 1,500 córdobas quincenales (120 dólares, más o menos), pero voceros sindicales aseguran que es mucho menos que eso. En realidad, las denuncias son más bien por malas condiciones laborales, inclusive ultrajes a la dignidad humana de las trabajadoras, como es el caso de las condiciones infamantes que les imponen en una de las empresas, para hacer sus necesidades fisiológicas, y el insólito maltrato físico que sufrió una trabajadora, la semana pasada, de parte de un supervisor filipino.
Hay que dejar claro que estas denuncias no tienen nada que ver con la campaña de activistas sindicales norteamericanos y políticos izquierdistas de Estados Unidos contra las zonas francas industriales del país, que tienen el propósito de provocar el cierre de las empresas de maquila para que dejen de hacer competencia a las industrias y a la mano de obra estadounidenses.
Pero el hecho de que el país tenga la obligación de proteger la inversión para el desarrollo que significan las zonas francas industriales, y que las y los trabajadores deben defender sus fuentes de empleo y sobrevivencia que son en este caso las empresas de maquila, no significa que se deba soportar impasiblemente las malas condiciones laborales, las violaciones de las garantías laborales y el irrespeto a la dignidad humana de las personas.
Las empresas de maquila —como se le llama a la industria de confección o ensamblaje de productos a base de piezas elaboradas fuera del país— y las zonas francas industriales son de primordial importancia y necesidad para la economía nacional, porque significan inversión extranjera, captación de tecnología industrial y manufacturera, desarrollo de la infraestructura e incremento de las exportaciones; todo lo cual es imperiosamente necesario para que el país pueda participar con un mínimo de decoro competitivo, en el irresistible proceso de globalización.
Además, las empresas de maquila que operan bajo las favorables condiciones de las zonas francas industriales no son sólo una cuestión de economía nacional y economía política. Significan también un asunto de vital interés humano y social, por cuanto constituyen la fuente de empleo y sobrevivencia de unos 50 mil trabajadores nicaragüenses, que en su mayoría —el 80%— son madres solteras con tres y más hijos menores cada una.
De manera que la importancia que tienen las zonas francas industriales para la reanimación y el desarrollo de la economía del país, y los miles de puestos de trabajo que proporcionan las empresas de maquila, son razones más que suficientes para protegerlas de las egoístas conspiraciones de sindicalistas y políticos norteamericanos, pero sin que se deje de exigir al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación laboral y el respeto a la dignidad humana de los trabajadores.
Por otra parte, es cierto que todas las empresas —no sólo las de maquila— tienen que tomar medidas que por lo general son molestas para los trabajadores, a fin de garantizar la disciplina laboral e impedir la sustracción o robo de bienes y productos. Este es un mal que lamentablemente se da con mucha frecuencia y en todas partes. Inclusive en empresas donde todo o la mayoría del personal es profesional y por lo tanto tiene altos niveles de educación, hay sustracciones de bienes y productos y hasta robo de objetos que son propiedad personal de los mismos compañeros de trabajo.
Sin embargo, las medidas de control y disciplina laboral no deben atentar contra los derechos laborales y la dignidad humana de los trabajadores. Además, en la aplicación de medidas para castigar las sustracciones que ocurren en las empresas, los trabajadores honrados no tienen por qué pagar por las culpas de los deshonestos.
El desarrollo económico y la legítima búsqueda de beneficios por parte de los empresarios, nacionales o extranjeros, no son incompatibles con los derechos laborales ni deben procurarse a costas de atropellar la dignidad humana de los trabajadores.
