Mario Alfaro Alvarado
“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental que resuelve el Contrato Social”. J.J. Rousseau.
Dicho en forma simple: Un Contrato Social es cuando una sociedad decide unirse para defender a cada persona y a sus bienes, sin que nadie deje de ser libre. En dos palabras, Contrato Social es seguridad y libertad.
¿Es el Estado nicaragüense o ha sido alguna vez esa forma de asociación que defiende y protege a las personas y a sus bienes, a la vez que les garantiza la libertad? Evidentemente que ese Estado ni existe ni ha existido en Nicaragua. ¿Cuándo, entonces, los nicaragüenses se han de unir para formar un Estado que proporcione seguridad a las personas y a sus bienes y respete plenamente la libertad individual? ¿Ha llegado o está llegando el momento en que el pueblo debe decidir si sigue o no aceptando un Estado que no le garantiza la vida, ni los bienes, ni la libertad?
Con el avance hacia las elecciones generales ha comenzado a revolverse el cieno político. Surgen del pantano de la corrupción las tentaciones de las alianzas a cambio de curules y puestos públicos. Las cúpulas partidistas discuten sus conveniencias para obtener ganancias políticas y económicas. Una vez más los caudillos juegan con el destino del país y el pueblo espera entre temeroso y esperanzado por un ofrecimiento que lo rescate del vasallaje y la explotación.
Después de un año de consultas y análisis, el Grupo de Reflexión y Participación ciudadana ha presentado una propuesta de Estado-Nación para concretarse por medio de un Contrato Social como el que sugiere Rousseau. En ese documento se han condensado las aspiraciones ciudadanas recogidas de importantes núcleos sociales consultados acerca de los cambios políticos y económicos que el país reclama para avanzar hacia la democracia y la prosperidad. La propuesta del Grupo de Reflexión reúne los elementos básicos necesarios para establecer un Estado-Nación y sustituir al actual Estado-Partido que no deja prosperar al país. La oportunidad para conseguir el cambio se presentará en las próximas elecciones generales.
El Estado-Nación se opone al Estado-Partido en su esencia y en sus propósitos. Mientras el Estado-Partido ejerce una relación de poder sobre toda la población y dispone de los recursos del Estado como si fueran propiedad del partido; el Estado-Nación comparte el poder y pone los recursos del Estado a disposición del bien común. En el primero, un partido ejerce para sí el poder; en el segundo, el poder se distribuye entre las organizaciones de la sociedad y se comparten responsabilidades.
La sola definición de los términos nación y partido, debía ser suficiente para establecer la diferencia ontológica entre un Estado-Nación y un Estado-Partido. Nación es el conjunto de habitantes de un país en su significado de pueblo con un sentido total. Partido proviene de partir. Es una parte de la sociedad organizada con un fin político. Los partidos dividen el todo y no logran integrarlo.
En el Estado-Partido se confunden los intereses del Estado –que son los intereses de todos–, con los intereses de una fracción política expresada en un partido. Las estructuras partidarias se extrapolan con las estructuras del Estado, de manera que vienen a ser “unum et ídem”. Es la razón por la que el gobierno del Estado-Partido no gobierna porque concentra sus energías en administrar el trabajo del pueblo para mantener el partido en el poder y satisfacer los privilegios de la élite partidaria.
Por el contrario, en el Estado-Nación existe una relación que se extiende a todo el pueblo en forma directa o indirecta, porque es una relación concertada en un Contrato Social.
Bajo esta forma de Estado, los partidos –como parte de la sociedad– comparten las gestiones de gobierno con los sindicatos, los colegios profesionales, las cámaras, las universidades, las organizaciones civiles… y todos juntos, aunque de diferentes maneras, influyen en el funcionamiento de la administración, en la redacción de las leyes y en el buen desempeño de las instituciones de control encargadas de prevenir la corrupción y las infracciones de la ley.
En las elecciones de noviembre, el pueblo decidirá con sus votos si quiere más Estado-Partido o lo cambia por un Estado-Nación.
