La semana próxima en Madrid, España, los países de Centroamérica se reunirán una vez más con la Comunidad Donante y con la Comunidad Financiera Internacional. Anteriormente lo hicieron en Estocolmo, Suecia, en mayo de 1999, siete meses después del huracán Mitch que asoló la región y que afectó principalmente a Nicaragua y Honduras.
Esta vez, el 18 y 19 de enero, al igual que en Estocolmo, Centroamérica asistirá como región a Madrid llevando consigo una cartera de 31 proyectos que fueron elaborados por la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) y que se encuentran listados en el documento titulado “Marco Estratégico para la Transformación y Modernización de Centroamérica”. Los proyectos son de todo tipo. Incluyen desde carreteras, gaseoductos, redes de fibra óptica, remodelación de puertos, desarrollo integrado de generación de energía, hasta proyectos de alfabetización tecnológica, educación, atención a la población migrante, manejo de cuencas hidrográficas, desarrollo forestal, etcétera, etcétera. Toda una carta a Santa Claus.
Pero hay un detalle. El documento del SICA no dice cuántos cientos o miles de millones de dólares costaría el financiamiento de todos esos proyectos, y no lo dice “para no crear expectativas”, según el Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Licenciado Norman Caldera. Y agrega: “Se trata de ir a vender estos proyectos a la comunidad donante (sic). De ver quiénes tienen interés en ellos y si están dispuestos a invertir en Centroamérica”. Es evidente que lo que quiso decir el titular del MIFIC es que van a explorar la posibilidad de obtener préstamos –mayoritariamente– de la Comunidad Financiera Internacional, y algo de donaciones de la Comunidad Donante.
La visita centroamericana a Madrid, con todo y lo beneficiosa que pudiera resultar para la región, no pasa de ser una búsqueda más de donaciones y préstamos. Está muy lejos de ser una reunión cuya finalidad sea la “caza de inversiones”. Una búsqueda de inversiones, siendo precisos, implicaría una visita a la comunidad empresarial europea o de cualquier otra región del mundo, que tuviera como objetivo persuadir a sus miembros a establecer empresas en nuestro país, o sea, a invertir capital de riesgo en fábricas o empresas de servicio.
Es importante no confundir una cosa con la otra porque las inversiones no se buscan entre los donantes, sino entre los capitalistas, esto es, entre los poseedores de capital que quieren hacer negocios en los que se genere nueva riqueza. No queremos decir que no está bien que se hagan gaseoductos, puertos, carreteras, etcétera, siempre y cuando, claro está, que se hagan para beneficio de la nación y no para favorecer principalmente a un alto funcionario gubernamental, a como sucedió con una conocida carretera construida durante el actual gobierno. Las obras de infraestructura son deseables y necesarias porque, cuando son cuidadosamente identificadas y bien planeadas, sirven de soporte a la inversión privada nacional y extranjera.
Algunos representantes de los ONG, por su parte, se lamentan de que se esté poniendo “más énfasis en el desarrollo económico que en el social y humano”, y que por tal razón decidieron en una reunión de ONG de Centro América que se efectuó en El Salvador, “participar en la reunión, pero al margen de los planteamientos de los gobiernos…”. No vemos que tal posición se justifique, porque, hasta donde conocemos, se buscarán recursos para ambos propósitos. La decisión de los ONG de ir “al margen” de los gobiernos nos parece más bien que obedece al hecho de que ambos grupos, gobiernos y ONG, saben que compiten por el control de los recursos de los donantes y cooperantes que se puedan obtener.
Y por último, sería bueno que el Gobierno de la República diera a conocer cuáles son los proyectos en los que Nicaragua participaría, y en cuánto más se piensa endeudar al país. Ya que estamos cercanos a la condonación de la deuda heredada del sandinismo, debería, de ahora en adelante, ser una práctica común el dar a conocer a la ciudadanía cualquier proyecto que implique el endeudamiento del país. Después de todo, los empréstitos son pagados por la ciudadanía en general y no por los gobernantes de turno.
