- Resolución de CGR también multaría a ex alcalde Cedeño
José Adán [email protected]
El presidente del Partido Conservador, Pedro Solórzano Castillo, dijo ayer que la supuesta resolución de la Contraloría General de la República (CGR), en el negocio realizado entre la Alcaldía de Managua y la empresa Solectra, propiedad de un hermano de Solórzano, es una revancha política del gobierno por haber rechazado una alianza electoral con el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Ayer, un medio de comunicación escrito refirió que ya existe una resolución de la CGR en contra de Solórzano Castillo y el ex alcalde Roberto Cedeño Borgen. Aparentemente, multarán a Solórzano con cinco millones de córdobas que deberá desembolsar a la Comuna de Managua.
También se le encontró presunción de responsabilidad penal, mientras que a Cedeño se le multaría con un millón de córdobas por haber suscrito de forma irregular 22 contratos con la empresa Solectra Industrial S.A., propiedad de los hermanos Pedro y Juan Francisco Solórzano.
TODO ES UNA REPRESALIA
Solórzano dijo que esa posible resolución era absurda por cuanto él nunca participó en las firmas de los contratos para elaborar los contenedores que fueron vendidos a la Alcaldía de Managua, los cuales, alega, fueron firmados por el propio ex alcalde Cedeño.
Solórzano se declaró inocente, y dijo que se trata de una revancha política del gobierno, en represalia por haber dado una respuesta negativa a una alianza electoral con el PLC.
“Estoy siendo preso de un acoso político por parte del gobierno”, dijo Solórzano. “Sobre todo cuando uno no hace lo que el Presidente quiere… ni siquiera tienen la decencia de decir que van a esperar unos días, nomás les dije que no y me salen con esto, es insoportable, ya no aguanto”, dijo anunciando una denuncia internacional del asunto, porque siente que es para inhibirlo de una posible candidatura presidencial.
SOLORZANO: «NI UN CINCO»
– El líder conservador dijo que de confirmarse la multa de cinco millones, no pagaría “ni un cinco”, mientras su abogado Yalí Molina no revise la supuesta resolución, pero alegó que sería injusto pagar por algo que se hizo dentro de los procedimientos establecidos.
– “Esto no es como el asunto de los recursos asignados a la reconstrucción de las carreteras destruidas por el Mitch, que aparecieron en terrazas de funcionarios públicos. Esto fue un negocio legítimo. Sería absurdo que me pidan pagar cinco millones sobre un negocio que hizo mi hermano, sobre todo cuando los contenedores están ahí”, se quejó Solórzano.
