Humberto Belli
Herty lewites, recién electo alcalde de Managua, ha señalado que la saliente administración liberal le ha jugado una emboscada. Su denuncia es que, ésta decretó en sus últimos meses un incremento salarial considerable para sus trabajadores, y que, trasladó equipos y maquinaria pesada de la misma a otras alcaldías, supuestamente la de El Crucero, y a otras entidades públicas.
La queja de Herty nos recuerda denuncias similares efectuadas por el recién inaugurado gobierno de Doña Violeta, en 1990. Precisamente, uno de sus señalamientos fue que el saliente gobierno sandinista, inmediatamente antes de despedirse, había decretado aumentos masivos para los empleados públicos y trasladado bienes del Estado a militantes de su partido.
Independientemente de los detalles o paliativos de estas denuncias, la existencia de las mismas está indicando un peligro o vulnerabilidad latente que tiene actualmente nuestro sistema político.
Los períodos de transición en una democracia son etapas peligrosas. Tanto los legisladores, como los ejecutivos (presidentes, alcaldes, etc.) del partido derrotado, libres de la moderación obligada que impone el tener que vivir con ciertas medidas presupuestarias y con diversas concesiones, pueden entrar, como ya lo han hecho, en un alegre período de creación de leyes y medidas tan demagógicas como costosas.
Esta posibilidad existe por cuanto no hay actualmente mecanismos legales suficientes para prevenirlas, y por cuanto en nuestra cultura política es típico ejercer la revancha o el oportunismo populista. Abofetear al adversario y procurarles algunos puntos de popularidad al partido se ve todavía legítimo, aún cuando le pueda costar caro a la nación.
El aumento salarial masivo a empleados de la administración saliente es uno de los ejemplos más clásicos de esta tendencia desafortunada. El oportunismo de la medida salta a la vista. No se hace cuando la administración tendrá que lidiar por varios años con sus empleados, pero sí al despedirse, como un gesto simpático que tendrán que pagar sus sucesores y rivales. Otros ejemplos son también las medidas legislativas que los salientes pueden ahora tomar sin miedo a pagar sus costos. El partido sandinista concedió a las universidades una asignación presupuestaria anual promedio del dos por ciento durante los diez años que estuvo en el poder. Pero a raíz de su derrota electoral les asignó, por ley, el seis por ciento. Notorio fue asimismo el caso de las condonaciones masivas de deudas a todos los agricultores, las cuales dejaron en una situación financiera grave a la banca estatal.
Es preciso entonces regular los períodos de transición y evitar el vacío jurídico actual con sus consiguientes posibilidades de abuso. Una de las medidas posibles podría ser el limitar las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, de forma que en los períodos de transición se confine a la aprobación de leyes introducidas con anterioridad, o a medidas de emergencia taxativamente enumeradas. Otra medida podría ser la prohibición temporal al Ejecutivo y alcaldías de otorgar aumentos salariales, firmar nuevos convenios colectivos, o nuevas plazas u obligaciones contractuales de cierta envergadura. Otra podría ser la prohibición al traslado de bienes. En fin, habría que pensar en distintas posibilidades de abuso a fin de prevenirlas.