A simple vista parece correcto el punto de vista de que, como la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan está claramente reconocida en el Tratado Jerez-Cañas y el Laudo de Cleveland, no hay para qué aprobar una ley que autorice el tránsito de policías ticos armados sobre esa vía fluvial nicaragüense. O sea que en lo que se refiere al río San Juan, lo mismo que en el caso de la libertad de prensa, “la mejor ley es la que no existe”.
Pero también es válida la opinión que asegura que una ley en la que se establezca que los policías ticos pueden navegar armados sobre el río San Juan, siempre y cuando soliciten permiso a la autoridad nicaragüense correspondiente y que ésta lo conceda en cada caso, podría ser útil para Nicaragua si con ella se impidiera que Costa Rica llevara el caso a la Corte Internacional de Justicia, en la que cualquiera que fuera el fallo que se dictare los intereses nicaragüenses podrían resultar perjudicados.
Otro punto importante de discusión es el de que, en el caso de que se decidiera que realmente es necesario un instrumento legal para autorizar la navegación de policías ticos armados sobre el San Juan, ¿bastaría para ello con un decreto ejecutivo, o sería mejor una ley de la República, dictada por la Asamblea Nacional que evite la posibilidad de cualquier discrecionalidad gubernamental, como la del infortunado comunicado Cuadra-Lizano de 1998 que dio origen a la nueva y actual fase de controversias nica-ticas sobre el San Juan?
En realidad, lo fundamental es que en ambos casos se parte del criterio de que la soberanía y sumo imperio de Nicaragua sobre el río San Juan es indiscutible. Además, el debate es útil porque informa a la ciudadanía y da luces a las autoridades para manejar el asunto de la mejor manera posible. Sin embargo, tal como se ha venido planteando la discusión, ésta carece de base y de seriedad porque ni siquiera se conoce el proyecto legislativo para autorizar el tránsito de policías ticos armados sobre el San Juan y porque, además, han envenenado la discusión al hacer del río San Juan un tema político de campaña electoral.
Hacer bandera política partidista con asuntos como éste es una actitud insensata e irresponsable. Así lo advirtió con absoluta claridad el más ilustre de los nicaragüenses defensores de los derechos soberanos de Nicaragua sobre el río San Juan, Dr. Luis Pasos Argüello (q.e.p.d.): “En los problemas internos podemos y debemos dividirnos nosotros los nicaragüenses para clasificarnos aquí o allá, según nuestra propia manera de pensar; y en ese juego de discrepancia política, fuente de democracia, los diferentes sectores juegan su rol y según los elementos y factores de poder unos prevalecen sobre los otros. En esa articulación sólo estamos presentes, únicamente somos actores, nosotros los nicaragüenses. Pero en el caso de lo internacional es completamente diferente. En esta postura, de cara al exterior, no queda espacio ni lugar para pleitos internos; y antes por el contrario, resultan dañinas y perjudiciales las divisiones. Está la Patria por encima de todo”. (Luis Pasos Argüello: “Epílogos al Libro de Canalización Conjunta del Río San Juan, parte 42: No revolvamos lo interno con lo internacional”). Sabias y prudentes palabras, sin dudas.
Por otro lado, tampoco es sano plantear el problema del río San Juan como si fuese un “caso de guerra” con Costa Rica, un país hermano con el que tenemos raíces comunes, con el que estamos condenados a ser vecinos toda la vida, en donde residen alrededor de 400 mil nicaragüenses que envían a Nicaragua las remesas familiares que suplen la falta de producción y exportaciones de nuestro país, a donde cada vez más compatriotas quieren marcharse en busca de mejor suerte, y con el cual estamos obligados a resolver las diferencias de manera amistosa y pacífica, lo que no implica ceder soberanía y sumo imperio sobre el San Juan.
“Sanjuanizar” la campaña electoral es una irresponsable actitud patriotera que al fin y al cabo sólo perjudica la causa que supuestamente se quiere defender.
