Martín Krause*
La raíz de los problemas económicos que aquejan a la Argentina es estrictamente moral. Desde hace tiempo se debaten principalmente dos tipos de teorías: consecuencialistas y deontológicas. Para las primeras, no importa la motivación de un determinado acto sino sus resultados, medidos como la mayor felicidad para el mayor número de individuos.
Para las segundas, lo que vale es la intención, la buena voluntad expresada en una determinada acción.
Desde que los políticos argentinos comenzaron a guiar sus acciones según el criterio de la “justicia social”, asumieron, o creyeron, o quisieron hacer creer que asumían, el principio ético utilitarista: su tarea es buscar la mayor felicidad para el mayor número y quién más que ellos mismos son los encargados de determinar cómo se alcanza esa felicidad. Así se dieron a la tarea de redistribuir y promover la felicidad.
No obstante, al poco tiempo se pudo ya observar que ni siquiera ese principio ético era aplicado, ya que el objetivo dejó de ser “la mayor felicidad para el mayor número” para pasar a ser “la mayor felicidad para el menor número”, esto es, para los políticos mismos. En tal sentido, desde la ética utilitarista, los políticos argentinos dejaron de tener sustento moral.
Lo mismo podría decirse desde la óptica kantiana. El primer imperativo categórico establece que se debe actuar aplicando la máxima que ello sea una ley universal. El segundo dice que debería uno actuar siempre tratando a los demás como fines y no como medios.
Los políticos argentinos no cumplen con este segundo punto, ya que utilizan a los votantes como medios para la satisfacción de sus propios fines. En cuanto al primero, la gran cantidad de privilegios que esos mismos políticos sancionan para sí mismos es clara demostración que se trata de acciones no generalizables. Veamos algunos ejemplos: los congresistas sancionan impuestos de cuyo pago luego ellos mismos se eximen, el Estado limita su pago de resoluciones judiciales a los montos anuales que él mismo determine, y uno muy reciente establece la regularización del software en todo el país, pero el gobierno se niega a cumplir con esa norma.
Consideremos este último ejemplo con un poco más de detalle, ya que simboliza lo antes apuntado. En la Argentina, gran parte del software utilizado en las computadoras es “pirata” o copiado, en lugar de ser comprado directamente a sus productores. En virtud de esto, el Estado otorgó a una asociación civil formada por los productores de software, llamada Software Legal, el poder de policía para proceder a realizar inspecciones y controlar la legalidad de los programas utilizados.
Esta misma sociedad, sin embargo, evalúa que la administración nacional cuenta con no menos de 90.000 computadoras con copias ilegales. Según los cálculos de la misma, esto implicaría un costo total aproximado de 22,5 millones de dólares. Pero el estado argentino se niega a pagarlos, por lo que Software Legal considera la necesidad de recurrir a los tribunales.
Al margen del interesante debate respecto al concepto de propiedad intelectual y los derechos de autor, lo que el ejemplo muestra es el doble estándar que permanentemente el estado impone a la sociedad: ésta debe cumplir con las normas establecidas o recibir las sanciones correspondientes, mientras que el Estado mismo se niega a cumplirlas.
Lo mismo puede decirse respecto a las políticas macroeconómicas. Como se ha hecho evidente en los últimos años, el Estado impone ajustes al sector privado, pero se niega a hacer lo mismo dentro del gobierno.
La Argentina necesita un rescate económico, pero más que eso, un rescate moral y en este sentido no hay blindaje externo que funcione. (©Buenos Aires/AIPE)
* Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
