Horacio J. Somarriba O.
El desarrollo sostenible (social, económico y ecológico) de un país está determinado por las políticas nacionales y/o públicas. Es decir, un buen desarrollo está antecedido por un buen proceso de obtención de políticas de desarrollo nacional. Estas últimas son la esencia de la estabilidad socio–económica y de la prevención de desastres en el territorio nacional.
Esto va más allá de un “simple ejercicio de planificación del desarrollo nacional”. La idea central es la legitimación (reconocimiento) que la sociedad civil le imprima a las políticas en mención. Esta faceta de la democracia es por alguna razón histórica muy poco tomada en cuenta.
Las políticas de desarrollo de los años 80 y 90 no fueron consultadas por nadie, por eso mismo la sociedad nicaragüense se convulsionó hasta llegar a la extrema pobreza… y el deterioro enfurecido de los recursos naturales… al intentar implementarlas.
La parte dolorosamente visible fue la detonada por el Mtich, que puso en evidencia la vulnerabilidad histórica del país.
Finalizamos otra década y todavía no podemos ver más allá de la metodología del “cabezón”, que persiste en la elaboración de estas políticas desde los escritorios de funcionarios públicos en Managua y en el mejor de los casos desde comisiones multisectoriales que pretenden un mínimo de representatividad, asumiendo que su práctica cotidiana reflexionada en sus cabezas tiene que ser el mejor reflejo de la realidad nacional, siendo que Nicaragua necesita verdaderamente de una mayor participación directa de los actores del desarrollo. La representatividad exige en sí, un nivel de desarrollo que nuestra nación no la posee.
En diciembre pasado, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres inició un proceso de Planificación para la prevención de desastres que es de mucho mérito. En primer lugar la elaboración de estas “políticas transversales” a todos los sectores que promueven e impulsan el desarrollo nacional es asumida como un proceso de afinamiento. En segundo lugar están participando actores que representan algunos sectores, aunque en esta etapa se siente la ausencia de los delegados de instituciones del Estado en los departamentos, regiones autónomas y municipios, representantes de las asociaciones de municipalidades, que tienen mucho que decir alrededor de la reducción de las vulnerabilidades. Finalmente la representatividad de la sociedad civil es mínima.
Sin embargo, es un proceso que se está “afinando” y la incorporación de actores claves en el mismo es cuestión de tiempo. El estancamiento del proceso en materia de inclusión de actores territoriales en la elaboración de estas políticas, sería un error.
El desafío es inmenso, pero la necesidad de reducción de vulnerabilidades para emprender el desarrollo sostenible es más imperiosa. La construcción de políticas en mención involucra a todos los nicaragüenses, particularmente los que viven bajo amenazas socio-naturales. Lo simple de esta lógica de construir las políticas desde la comunidad, estriba en que siempre los que dan respuesta a sus emergencias son las mismas comunidades, razón suficiente para que ellas definan qué modelo de desarrollo desean.
Es dudosa la posibilidad de construir estas políticas con la metodología “desde abajo”, quizás porque poco o nunca se ha intentado, no poseemos la madurez suficiente. Pero no hay duda que la elaboración de políticas desde arriba (metodología del cabezón) con todas sus variantes de representatividad hasta la fecha no han dado el fruto deseado.
Mientras más profunda y extensa sea la consulta para la elaboración de políticas reductoras de vulnerabilidades, más nos acercaremos al ideal de construirlas desde abajo, a legitimar el quehacer de prevención de desastres para el desarrollo sostenible.
Sociológo ambiental Centro Humboldt.
