Sin dudas que la Navidad que recién hemos celebrado ha sido una de las más politizadas de los últimos tiempos. Y el nuevo año también ha comenzado con la política ocupando el primer plano de la atención nacional.
De entrada, el Consejo Supremo Electoral (CSE) debe resolver tan pronto como le sea posible, sobre la personalidad jurídica y el derecho a participar en las próximas elecciones presidenciales, del partido de Unidad Nacional que encabeza el ex jefe del Ejército, general retirado Joaquín Cuadra Lacayo. Según la Ley Electoral, el CSE debió haber tomado esta decisión a principios de noviembre pasado, pero supuestamente para no distraerse de la organización de las elecciones municipales postergó la decisión para principios de enero del 2001.
Por otra parte, el 14 de enero se va a celebrar la “preconvención” del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la que de hecho se escogerá a los candidatos de dicho partido para las elecciones del 5 de noviembre próximo. Luego, el 21 de este mismo mes se celebrará la consulta popular del FSLN para elegir a todos los candidatos que este partido presentará en las elecciones generales de noviembre. Y el 28 de enero, la Gran Convención del PLC ratificará y nominará oficialmente a los candidatos escogidos en la preconvención.
El Partido Conservador, por su parte, celebrará durante este mes de enero las convenciones departamentales para escoger sus candidatos a diputados por cada departamento, y el 12 de enero reunirá al Consejo Nacional que debe nominar a los candidatos a diputados nacionales y al Parlamento Centroamericano. Este Consejo Nacional también decidirá sobre las alianzas electorales de dicho partido, todo lo cual deberá ser ratificado o modificado por la Gran Convención conservadora, convocada para el 25 de febrero próximo.
De manera que en este mes de enero se definirán algunos aspectos fundamentales de la contienda electoral de noviembre próximo, pero quedaría pendiente algo de máxima importancia como es la reforma a la Ley Electoral vigente, la cual, como se sabe, fue concebida, pactada y dictada el año pasado por el PLC y el FSLN tomando en cuenta sólo sus particulares conveniencias, y por lo tanto es una ley que no ofrece suficientes garantías para una elección justa, transparente y confiable.
En realidad, la principal experiencia derivada de las elecciones municipales del pasado mes de noviembre fue la de que es necesario reformar democráticamente la Ley Electoral libero-sandinista, antes de que se celebren las cruciales elecciones presidenciales del 2001, para entre otras cosas suprimir su carácter excluyente que desalienta la participación popular, tal como quedó demostrado con el fuerte abstencionismo de 40% en los comicios municipales.
Las directivas del PLC y del FSLN cometieron un grave error al imponer el año pasado, mediante el pacto y la reforma constitucional y electoral bipartidistas, un modelo de “democracia restringida” igual o parecido al que hubo durante el somocismo y el sandinismo, ambos de consecuencias nefastas para Nicaragua. La verdadera democracia tiene que ser cada vez más participativa e inspirar mayor credibilidad a los ciudadanos. Y para eso hay que comenzar por reformar democráticamente la Ley Electoral, tal como lo han propuesto los partidos políticos excluidos, lo mismo que los organismos de observación electoral, Ética y Transparencia y el Centro Carter.
La verdad es que el país necesita una reforma política profunda, de carácter constitucional, para profesionalizar los poderes públicos, abolir la vergonzosa diputación honoraria, permitir a los ciudadanos elegir directamente a los diputados, e impedir que cualquier partido aventurero que gane las elecciones y suba al poder tenga la posibilidad de suprimir por vías legales las libertades individuales —políticas y económicas— de los nicaragüenses.
Pero una reforma política de semejante envergadura no es posible hacerla este mismo año, porque amerita una modificación constitucional o una nueva Constitución. Lo que sí es factible es reformar democráticamente la Ley Electoral antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.
Hay tiempo de hacer la reforma electoral. La responsabilidad de aprobarla o la irresponsabilidad de impedirla, depende sólo de la voluntad de los mismos partidos políticos, sobre todo del PLC y del FSLN.
