Xiomara Chamorro [email protected]
La “primavera institucional” que el país ha vivido en los últimos siete años ha empezado a marchitarse por el interés del Poder en limitar, corromper o eliminar las instituciones nacidas en la transición democrática, advirtió el jurista Sergio Cuarezma en un análisis sobre el proceso de establecimiento de un Estado de Derecho en Nicaragua.
Para el catedrático de Derecho, la lucha entre el poder y la institucionalidad, no solamente se ve alimentada por intereses internos, sino también por exigencias foráneas, que al implementarse, dejan sin sentido algunas instituciones o leyes.
Este, dice Cuarezma, sería el caso del efecto de la privatización en instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos o la Ley de lo Contencioso Administrativo, creadas ambas para controlar a los funcionarios públicos, que eventualmente pasan a ser empleados de empresas privadas de servicios que hoy son públicos.
“El Código de la Niñez y la Adolescencia obliga al Estado que garantice los servicios públicos universales como el agua, la energía eléctrica, la educación, pero con el proceso de privatización este mandato queda sin efecto, todo está pasando a manos del mundo privado”, dice Cuarezma.
ESTADO LEGAL VS. ESTADO REAL</b.
Según Cuarezma, en Nicaragua conviven un Estado legal y un Estado real determinado por las relaciones de producción feudal que aún subsisten en algunos lugares del país y que no corresponden a una sociedad moderna, cuya economía exige, entre otras cosas, la erradicación del analfabetismo.
“No basta, por ejemplo, con crear una casa de Justicia en la profundidad de la montaña, sino que además es necesario que la mujer y el hombre del campo sepan que puede acceder a ella sin temor a que la justicia sea “amiga del poderoso del pueblo”, indica Cuarezma.
PODER VS INSTITUCIONALIDAD
– Los cambios que Nicaragua ha venido realizando a lo largo de los últimos 20 años, han nacido fundamentalmente de la sociedad civil y de la comunidad internacional, no han nacido del seno del poder de la oligarquía criolla, dice Sergio Cuarezma. Este fenómeno, agrega el jurista, no es exclusivo de Nicaragua, se puede observar en el resto de la subregión. “Esto plantea un dilema para el Poder y por tanto una grave amenaza para la propia institucionalidad naciente”, advierte.
– El Poder, dice Cuarezma, tiene varias opciones para enfrentar este hecho:
– Primero, sumarse a las reformas y desnaturalizar el fin de las mismas, sea haciendo leyes programáticas o teóricamente inaplicables, sea incorporando en ellas mecanismos de control para su provecho o bien creando un proceso de contrarreformas.
– Segundo, apropiándose políticamente o restringiendo el presupuesto de las nuevas instituciones que lo someten a control, como el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos o del Ministerio Público, que nace con un presupuesto pírrico.
