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El veto fortalece la corrupción

Leonel Téller S.

El hecho de que el presidente de la República haya decidido vetar el Proyecto de Ley No. 361 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional, pone al descubierto la dramática desesperación que vive en estos momentos nuestro Jefe de Estado. A pesar de la presión de la opinión pública y los acuerdos del Grupo Consultivo realizado en Estocolmo, Suecia y luego en Washington, D.C., el Presidente de la República había tenido que ir postergando la promoción y ahora, la sanción de una ley que reforzaría a la Contraloría General de la República y que en la práctica le garantizaría mejores y más eficaces herramientas.

Dicho de otra manera, con el veto el Presidente de la República demuestra que no puede permitir que el proyecto se convierta en ley a pesar de haber tenido el visto bueno del mismo doctor Alemán, y que durante su proceso de formación como ley, había contado con el consenso de los contralores colegiados, de los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y posteriormente con el de los diputados que lo aprobamos en el plenario.

Aún peor, prefiere impedir el Proyecto a costa de empeorar su maltrecha imagen de Presidente corrupto al impedir que la Contraloría General de la República pueda valerse de una nueva ley que sofoque y ponga fin a los desacatos contra su propia autoridad, los cuales han impedido hasta el momento la correcta y eficaz investigación de graves casos de corrupción administrativa característicos del gobierno actual; que le dé el derecho a hacer comparecer si es necesario con el uso de la fuerza pública a quienes se han negado a hacerlo, así como valerse de apremio corporal para obligar a los funcionarios remisos a entregar al ente fiscalizador los documentos que les fueren requeridos; y el poder romper las puertas cerradas y abrir las gavetas de archivadores y escritorios que fuese menester. Todo esto se derivaría del Proyecto de ley que el Presidente Arnoldo Alemán, contra viento y marea, ha pretendido vetar y no permitir que durante el período restante de su gobierno se promulgue y convierta en una verdadera ley.

Esta conducta no sólo es para proteger a una larga lista de sus colaboradores y allegados. El porqué del Presidente Alemán de vetar este Proyecto de Ley, acto ominoso y arriesgado, que ha dejado estupefacta a la opinión pública nacional e internacional, tiene como objetivo protegerse a sí mismo.

Su intención de veto deja claro su deseo de impedir que la Contraloría cuente con los medios legales para investigar actos presuntamente ilícitos cometidos por miembros de su gobierno, y de los cuales fue confeso, así como la magnitud de su fortuna adquirida por estos mismos métodos. Así mismo, impedir que se investiguen adecuadamente los actos bautizados por la opinión pública como sus “Chinampas”, cultivos de aguacates y otros frutales provenientes de invernaderos nacionales. Sobre todo, el veto impediría que la Contraloría ejerza su autoridad para que al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Estaban Duquestrada, se le obligue entregar la auditoría de la venta de acciones del Banic, realizada por la firma Arthur Anderson por el encargo del Banco Mundial, documento hasta la fecha secreto bajo el argumento del sigilo bancario.

A pesar de que con esta acción de veto el Presidente Alemán ha atropellado la institucionalidad de la CGR, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, la CSJ, y de los diputados que aprobamos el Proyecto de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la lógica que se desprende del comportamiento con que se han venido desempeñando tales instituciones nos hace presumir que seguiremos a merced de la complicidad de las mismas instituciones afectadas.

* Diputado Liberal a la Asamblea Nacional.  

Editorial
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