Entre los eventos más importantes del acontecer internacional de esta semana se destacan la sustitución del Presidente peruano Alberto Fujimori y la celebración —con atentados terroristas inclusive— del 25 aniversario del establecimiento de la democracia y de la restauración monárquica en España.
El caso del Perú es o debería ser aleccionador para los políticos y gobernantes latinoamericanos, en particular para los de Nicaragua. Fujimori fue un buen gobernante durante su primer período presidencial, de 1990 a 1995: promovió el enjuiciamiento del corrupto ex Presidente Alan García; restableció la confianza de los organismos financieros internacionales en el Perú y saneó la macroeconomía nacional; asestó un demoledor golpe al terrorismo peruano al lograr la captura del líder extremista Abimael Guzmán y descabezar a la banda de Sendero Luminoso; concertó la paz duradera con Ecuador después de una rápida guerra fronteriza; y desarticuló a importantes organizaciones peruanas de la producción y tráfico local e internacional de drogas.
Fujimori pudo pasar a la historia como un estadista ejemplar, respetado en su país e internacionalmente, pero cayó en la trampa mortal en la que caen todos los políticos latinoamericanos, que al llegar al poder se consideran indispensables y providenciales. De manera que Fujimori se empeñó en reelegirse no sólo una vez sino que en dos ocasiones, y para conseguir ese propósito en febrero de 1992 asestó un golpe de Estado técnico a los otros poderes del Estado; impuso una reforma constitucional a la medida de sus conveniencias personales, en octubre de 93; se coludió con el súper corrupto y desalmado aventurero Vladimiro Montesinos; destituyó del cargo de Primera Dama de la República a su propia esposa, quien se oponía a sus ambiciones desmesuradas; se reeligió en septiembre de 94 e intentó hacerlo por segunda vez, a mediados de este año, y así provocó su propia perdición.
Sobre los hombros del nuevo Presidente —provisional— del Perú, Valentín Paniagua, recae la responsabilidad de garantizar la celebración de unas elecciones presidenciales absolutamente limpias y justas, que permitan instalar una verdadera democracia pluralista basada en la alternabilidad en el poder, en la integridad gubernamental y el control ciudadano sobre los poderes públicos. Y ojalá que los políticos peruanos y de otros países latinoamericanos —de Nicaragua, sobre todo— aprendan de la lección Fujimori.
El otro acontecimiento internacional relevante de esta semana fue la celebración del 25 aniversario del advenimiento de la democracia en España, efemérides que también se celebra como aniversario de la restauración de la monarquía española y del ascenso al trono del Rey Juan Carlos de Borbón.
Los líderes de la nueva democracia española aseguran que la transición española no es un fenómeno modélico. Pero la verdad es que la conversión democrática de España sí ha constituido un proceso ejemplar, en todos los sentidos, para los países que posteriormente emprendieron el camino de la democratización. En realidad, el éxito de la transición democrática de España —a pesar del sabotaje terrorista del movimiento separatista vasco ETA— se debe por un lado a la ejemplar función moderadora que ha ejercido el Rey Juan Carlos de Borbón sobre las históricamente díscolas fuerzas políticas españolas, y por otra parte a la inteligente actitud de esas mismas fuerzas políticas, que antaño fueron antagónicas hasta el exterminio pero que después de la guerra civil y de la dolorosa dictadura franquista entendieron que era necesario ceder, para entenderse y forjar un proyecto de sociedad y de Estado democráticos cimentado en el consenso y la tolerancia.
Es necesario subrayar que uno de los factores clave en el desarrollo exitoso de la transición democrática española, ha sido la lealtad de todos los partidos políticos hacia los valores, principios, instituciones y procedimientos de la democracia. La democracia de España se ha fundado en la madurez política y la tolerancia ideológica de la derecha, en la evolución de los comunistas y la audacia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para abjurar sin ambages de la doctrina y las prácticas marxistas, lo que le permitió convertirse en una pieza fundamental y confiable del sistema democrático de gobierno que se basa en el respeto a las libertades individuales y la economía de libre empresa.
