La democracia, en tanto que forma de gobierno y sistema de convivencia humana, se basa en la idea de que el derecho es la garantía de la libertad. De allí que el factor esencial de la democracia sea la impartición adecuada de la justicia, por medio de la cual se aplica la ley que a su vez garantiza la libertad.
Precisamente por eso es que algunos juristas bien avisados señalan que los problemas de Nicaragua comienzan y terminan en la justicia, o sea que se originan en las injusticias y se resuelven mediante una buena administración judicial.
Basados en esos conceptos de principio analizamos y criticamos editorialmente, en su oportunidad, el sobreseimiento definitivo que se dictó a todos los involucrados en el juicio por el fraude de 80 millones de dólares en el Interbank, una fabulosa cantidad de dinero que pagarán los ciudadanos mientras los delincuentes gozan del botín y se amparan en la impunidad institucionalizada.
Nuestra crítica a la decisión judicial de absolver a los involucrados en el fraude del Interbank, motivó un comentario del eminente jurista Dr. Daniel Olivas Zúñiga, que publicamos en la página de opiniones de esta misma edición. Respetamos, por supuesto, la opinión del doctor Olivas Zúñiga, pero no la compartimos, ni aceptamos que criticar a los jueces y sus fallos sea una insolencia y un abuso de la libertad de información, como dice el ilustre letrado.
Estamos claros que los procedimientos judiciales son complicados y causa de que muchas personas inocentes guarden prisión, mientras numerosos culpables gozan de libertad y disfrutan del resultado de sus crímenes. Pero el enredo de los procedimientos no justifica, de ninguna manera, que se deje en la impunidad un fraude de 80 millones de dólares que deben ser pagados por los ciudadanos de la nación más pobre y atrasada del hemisferio occidental, después de Haití. Ni podemos callar ante semejante injusticia porque seríamos cómplices de ella.
Por otro lado, nosotros no pretendemos dictarle a los jueces las sentencias ni enseñarles cómo deben impartir la justicia. Eso lo dijimos explícitamente en el comentario editorial sobre el sobreseimiento definitivo a los involucrados en el fraude del Interbank. Pero tampoco podemos declinar el cumplimiento de nuestro deber y el ejercicio de nuestro derecho de criticar a jueces y magistrados, cuando consideremos que su comportamiento y fallos no se ajustan a derecho, ni son justos, y sobre todo cuando son escandalosamente injustos y arbitrarios como fueron obviamente los fallos que se dictaron en los juicios por la muerte del campesino Pablo Leal, por los checazos de la Dirección General de Ingresos (DGI) y por el fraude multimillonario en el Interbank.
Un juez, magistrado o tribunal que no cumple con su deber, comete injusticia, procede con arbitrariedad y incurre en abuso de poder, y por lo tanto debe ser criticado y denunciado por la opinión pública. Criticar a un juez o tribunal que comete una injusticia no es una insolencia, la insolencia es la misma injusticia y el abuso de poder.
Fiscalizar la conducta de los jueces y criticar las decisiones judiciales incorrectas no es un abuso de la libertad de información, sino el ejercicio de un sagrado derecho que se ejerce precisamente para tratar que se corrijan los defectos de la administración de justicia, igual que se hace con los demás poderes del Estado y órganos de gobierno.
Los jueces son personalmente responsables de sus resoluciones judiciales y están obligados no sólo a actuar en estricto apego a la ley, sino también a explicar y justificar sus actuaciones ante los ciudadanos, y ante los medios de comunicación que tienen entre sus principales obligaciones fiscalizar el trabajo y la conducta de todos, absolutamente todos los funcionarios públicos y servidores de la nación.
El hecho de que por falta de “cuerpos del delito” grandes crímenes y abominables criminales hayan sido absueltos y quedaron impunes, no significa que no hayan deshonrado a la humanidad y que no merecieran al menos la condena del tribunal de la opinión pública y de los medios de comunicación libres e independientes, y también justos.
