De acuerdo a los resultados preliminares del Consejo Supremo Electoral (CSE), las personas que no votaron en las elecciones recién pasadas representan aproximadamente un 48 por ciento del padrón electoral. Ese porcentaje refleja un incremento considerable en relación al obtenido en las elecciones generales de 1996, cuando sólo un 27 por ciento del total de los que tenían derecho a votar no lo hicieron.
Se dice entonces que el “abstencionismo” en estas elecciones fue de un 48 por ciento. Pero tal afirmación no sería correcta si con el término abstencionismo nos referimos a la no participación voluntaria en algo a lo que se tiene derecho. En ese caso tendríamos que concluir que ese porcentaje no representa la abstención real, al estar incluido en él aquellas personas que, teniendo la intención de votar, no pudieron hacerlo debido a algún factor ajeno a su voluntad. Ese es el caso, por ejemplo, de aquellos que no lo hicieron porque al llegar a la Junta Receptora de Votos que creían que les correspondía, se encontraron que su nombre no estaba en el padrón de esa junta, o bien porque no lograron obtener un documento que los habilitara para sufragar.
Y quienes se encontraron en esa situación fueron muchas personas. ¿Cuántas? No se sabe, y muy probablemente no se sabrá nunca a ciencia cierta. Sin embargo, si nos basamos en el resultado de las encuestas previas a la votación, es posible lograr una estimación aproximada. Un 80 por ciento de los que estaban aptos para votar habían manifestado su intención de hacerlo. Si lo hubieran hecho, el abstencionismo resultante hubiera sido del 20 por ciento. No obstante vemos que un 48 por ciento no votó, lo cual hace suponer que mucho más de la mitad de ellos no lo hicieron por alguna causa ajena a su voluntad.
Pero algunos políticos insisten en decir que el voto abstencionista es del 48 por ciento del total de votantes registrados, y que ese porcentaje constituye un mercado insatisfecho de electores que bien puede ser cortejado y persuadido de participar en las próximas elecciones si se les presenta “un plato más” en la mesa de las ofertas. Creemos que se equivocan, al menos en lo que se refiere a su estimación del tamaño del mercado.
A pesar de eso, es válido decir que los que no votaron esta vez —por la razón que haya sido— fueron demasiados. Si bien es cierto que el porcentaje no llega todavía a los niveles alcanzados en El Salvador —en donde un 61 por ciento de los posibles votantes no acudió a las urnas en las elecciones presidenciales de principios de este año— aún así se nota que tenemos un problema muy serio de participación.
En primer lugar, le corresponde al Consejo Supremo Electoral, integrado por sandinistas y liberales, tomar cartas en el asunto. El padrón electoral deja muchísimo que desear. Necesita urgentemente ser depurado y actualizado. El proceso de cedulación y de entrega de cédulas ha tenido atrasos totalmente injustificados, demostrando con eso el CSE una gran incapacidad para cumplir con su obligación de dotar a cada nicaragüense de tan importante documento.
Por otra parte, los partidos políticos deben revisar su actuación y sus propuestas para ver hasta qué punto la no participación de algunas personas se debe al poco interés que los partidos despiertan en los electores. Y por último, es necesario hacer conciencia en la población de la responsabilidad que implica ejercer el derecho al voto, porque no hay que descartar la posibilidad de que un buen número de ciudadanos no acudió a las urnas por simple indiferencia o comodidad. La vida democrática exige participación ciudadana responsable, y la más elemental de las múltiples formas de participación posibles la constituye el ejercicio del derecho al voto.
