Los comicios municipales del domingo fueron una nueva y categórica demostración de la eficacia del proceso electoral como instrumento por excelencia del sistema democrático para avalar a los gobernantes que desempeñan bien sus funciones, y para cambiarlos y castigarlos cuando resultan ineptos o irresponsables en la administración de los asuntos públicos y el cuidado de los intereses de los ciudadanos.
En realidad, por medio del aumento del voto sandinista, el crecimiento conservador y la gran abstención, una gran parte de la ciudadanía castigó al gubernamental Partido Liberal Constitucionalista, y personalmente al Presidente Arnoldo Alemán, sin dudas que por la terrible corrupción gubernamental que ha escandalizado no sólo a la nación sino también a la comunidad internacional.
Ahora, después de conquistar la Alcaldía de Managua que es su triunfo más importante en los últimos 10 años, el FSLN acrecienta sus posibilidades de ganar también las elecciones presidenciales del próximo año. Esto es algo que está al alcance de la mano del FSLN, ya que por las concesiones políticas del PLC y del Presidente Arnoldo Alemán, el candidato presidencial sandinista sólo necesitaría el 35% de los votos para alzarse con la victoria.
Pero, lo más importante de todo es responder al interrogante, ¿que podría pasar ahora en Nicaragua como consecuencia de la instalación de un alcalde sandinista en Managua y del aumento de las posibilidades de que el FSLN se adueñe nuevamente del poder central, el próximo año, esta vez por la vía electoral?
Una primera respuesta es que la recesión económica que está afectando al país actualmente se podría extender y profundizar, por el temor que siente la empresa privada a las políticas izquierdistas y a los antecedentes gubernamentales del FSLN. Sin embargo, sería bastante difícil -aunque no imposible, por supuesto- que Nicaragua pudiera regresar a la situación que vivió y sufrió entre 1979 a 1990, durante los años de la revolución sandinista.
Una de las características de la transición democrática de los países ex comunistas y revolucionarios, es que en algunos casos los antiguos partidos totalitarios han podido regresar al poder por la vía electoral, después de que se reformaron y adaptaron a las reglas del juego político democrático. De modo que los partidos ex comunistas que han vuelto a gobernar no estancaron ni hicieron retroceder los procesos democráticos de sus países, ni entorpecieron la reconstrucción de la economía de libre mercado. Tal es el caso de Polonia, por ejemplo, donde el otrora líder comunista Aleksander Kwaniewski ha sido electo dos veces en la Presidencia de la República polaca, mientras que el fundador de la nueva democracia, Lech Walessa, apenas obtuvo 1% de votos en las últimas elecciones presidenciales.
En América Latina, hay alcaldes izquierdistas en las capitales de El Salvador y México y lo habrá próximamente en Sao Paulo, Brasil. Y si en esos países no ha ocurrido ninguna tragedia por tener alcaldes “revolucionarios”, tampoco tendría por qué haberla en Nicaragua con la elección de un alcalde sandinista para Managua, a pesar de la peligrosa fragilidad de las instituciones democráticas nicaragüenses.
Los temores y las dudas que se sienten en algunos sectores socioeconómicos y políticos de Nicaragua con respecto al FSLN, se deben a que los sandinistas no han renegado de la ideología totalitaria ni se han arrepentido de los excesos gubernamentales que cometieron en los años 80; y por lo consiguiente, no hay certeza de que el FSLN se hubiera reformado como sí lo hicieron los antiguos partidos comunistas de Europa Oriental.
Pero éste es un riesgo que no se puede eludir. La mayoría de los electores escogió a Herty Lewites y al FSLN para gobernar Managua, así como eligió alcaldes sandinistas, liberales y conservadores en muchos otros municipios de distinta importancia. Esta voluntad popular tiene que ser respetada por todos los ciudadanos de la misma manera que los nuevos gobernantes de la Comuna capitalina no deben creer que el mandato recibido es absoluto, ni deben tratar de violentar las reglas jurídicas, políticas y económicas de la convivencia democrática de los nicaragüenses.