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Avelino Cox, un maestro miskito de Bilwaskarma, me dijo en mayo pasado que la educación bilingüe, un derecho que consiguieron las etnias del Caribe con la Ley de Autonomía, es coordinada desde Managua por funcionarios del Ministerio de Educación que desconocen la cultura y las lenguas de los nativos de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
A simple vista esa limitación es consecuencia de la falta de reglamentación de la Ley de Autonomía, la que en su artículo 8 precisa que la educación intercultural debe estar en manos de los Consejos y Gobiernos regionales (Atlántico Norte y Atlántico Sur), pero también se debe a la renuencia de las autoridades del Pacífico que por décadas han considerado inferiores a los costeños.
Por eso se alzaron en armas los indígenas miskitos y sumus a principios de los años 80, cuando el régimen sandinista les quiso imponer la cultura política del Pacífico y trató de hacer una reforma agraria donde las tierras son comunales y de sustituir la organización comunitaria ancestral por Comités de Defensa Sandinista (CDS).
Aunque los líderes sandinistas decían que pretendían rescatar a los indígenas de la pobreza y el “atraso”, actuaron con tanto racismo como los liberales un siglo atrás, en 1894, cuando José Santos Zelaya ordenó la Reincorporación de la Mosquitia y militarizó Bluefields.
Una de las primeras imposiciones de Zelaya fue la prohibición del inglés creole, la lengua nativa de los negros criollos, porque deseaba que todos en la Costa Caribeña hablaran español y se incorporaran a la nación a medida que adquirieran las costumbres de los habitantes del Pacífico.
Los sandinistas no pensaban diferente y querían que los miskitos se convirtieran en una suerte de campesinos del Pacífico, con una parcelita de tierra, organizados en cooperativas, en CDS y milicias, porque así serían revolucionarios y superarían su “atraso”. La rebelión no se hizo esperar.
El gobierno sandinista tuvo que retroceder, porque el conflicto armado en la Costa sólo cesó cuando le prometieron autonomía a las minorías étnicas en 1985.
La Ley de Autonomía fue aprobada en 1987 y hasta hoy no ha sido reglamentada, lo que indica que fue una táctica del sandinismo para liberarse de un problema que no lograron sofocar con las armas. Los gobiernos posteriores tampoco han apoyado ese conjunto de derechos para los caribeños, entre ellos educarse de forma paralela en su lengua materna y en español, la predominante del país.
La autonomía concede, sobre todo, la posibilidad de que las comunidades tengan sus propias autoridades y perciban un buen porcentaje de las ganancias que deja la explotación de las riquezas naturales en la Costa (oro, bosque y pesca, entre otras), lo que sería posible si las organizaciones locales participan en las elecciones e inciden más en las instituciones y mecanismos de regulación de su territorio.
Yatama (Hijos de la Madre Tierra), partido que viene de la lucha indígena contra el régimen sandinista, fue excluido de las elecciones municipales y dudo que sus demandas principales sean compensadas sólo con la garantía de que pueda concurrir a las elecciones presidenciales del próximo año, mientras la Ley de Autonomía sigue sin reglamento.
