Noel Hernández Ramos [email protected]
A partir de noviembre los municipios del país tendrán derecho de cobrar el impuesto del uno por ciento por prestación de servicio eléctrico a la empresa española Unión Fenosa, dueña de las empresas de distribución eléctrica del país.
A cambio los municipios tendrán que asumir el costo que representa el consumo eléctrico en el alumbrado público de sus localidades si es que quieren seguir iluminados, explicó Abdel Karim, secretario ejecutivo del comité de privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel).
El Plan del Arbitrios Municipal establece que las empresas privadas que prestan servicios deben pagar el 1.5 por ciento de su facturación a los municipios.
El pago de este impuesto fue objeto de conflicto entre las alcaldías del norte y Enel, antes de la privatización, porque consideraban que la empresa era un ente autónomo independiente del Estado por cuanto debía pagar impuesto.
Por otra parte Karim, explicó que los dueños de las empresas de distribución norte y sur (Disnorte y Dissur) iniciarán un proceso de instalación de medidores en el alumbrado público para pasarle la factura a las alcaldías del país, entre las que se encuentran la alcaldía de Managua.
Dijo que ese proceso podría concluir en seis meses y al hacerlo, los usuarios dejarían de pagar el costo de alumbrado público en sus facturas, porque serán las alcaldías las responsables de pagar el consumo eléctrico.
