Maurizio Fratini
Hace ya casi ocho años, un grupo de valientes jueces dio inicio en Milán a aquella que luego fue definida la “lucha a Tangentopoli”, cuyo más sobresaliente exponente fue el juez Antonio Di Pietro, ahora senador. Los magistrados milaneses, aunque sometidos a fortísimas presiones políticas e indiferentes a los peligros que ello les acarreaba, abrieron una verdadera y propia “caja de Pandora” de la cual surgió la más enorme red de corrupción jamás salida a la luz en Italia en los últimos 50 años. Análoga acción, más recientemente, ha sido desarrollada en España por el juez Baltasar Garzón y sus colaboradores.
En Italia se trataba, sustancialmente, de numerosísimos casos de corrupción caracterizados por el hecho de que personajes políticos influyentes aceptaban, de parte de empresarios, considerables sumas de dinero a cambio de favores (licitaciones, iniciativas legislativas para favorecer determinados sectores o grupos empresariales, etc.). Dichas sumas iban a parar directamente y personalmente al bolsillo de los exponentes políticos involucrados, o si no eran depositadas en las cajas de los respectivos partidos que las utilizaban para financiar sus actividades.
Como todos saben, la lucha contra la corrupción ha tenido éxito. Personalidades políticas de alto nivel, entre las cuales incluso un ex-Primer Ministro, han sido condenadas en vía definitiva, a penas de privación de la libertad y han tenido que sufrir el embargo judicial de todos sus bienes. Algunos de los condenados ya han descontado las penas impuestas y hasta ahora recientemente han salido de la cárcel. Otras condenas han sido aplicadas sólo desde hace poco tiempo, luego de procesos que han durado muchos años. Toda esta actividad judicial ha tenido en común un elemento fundamental: no importando quién fuera, en el sentido que -una vez encontradas las pruebas de la corrupción-, a cualquier partido que perteneciera y cualquier cargo público que ostentara, el político procesado (y con él el empresario que lo corrompió) eran condenados. Aún si el fenómeno no ha sido eliminado completamente, ahora ya en Italia existe la conciencia (lo que es también una importante “limitante social”) que no hay ni habrá más impunidad para corruptos y corruptores.
Bajo el aspecto político general, “Tangentopoli” obtuvo un ulterior resultado, es decir, el de contribuir en manera determinante a la disolución, al fraccionamiento y a la total desaparición de la escena política nacional, de los partidos “corruptos” que tradicionalmente habían gobernado Italia en los 50 años precedentes, repartiéndose de hecho el poder. En fin, se consolidaron los principios del estado de Derecho y de la absoluta independencia de la magistratura del poder político, que son dos de los principales pilares sobre los que se sostiene un régimen democrático.
Todo ello induce a una profunda reflexión: la corrupción no es sólo de un País o de otro, sino que está difundida por todos lados. Es casi, paradójicamente, un “patrimonio universal”. Se necesita tener el coraje de combatirla, utilizando los instrumentos que cada Estado de derecho pone a disposición: la magistratura en primer lugar (que obviamente no debe ser en ningún modo condicionada por el poder político), pero también las instituciones gubernamentales desde adentro, las no gubernamentales, los entes públicos y privados y los mismos ciudadanos. Cada uno poniendo de su parte, aunque sea mínimamente, puede colaborar para eliminarla y contribuir a fin de que aquellos medios financieros tan egoístamente sustraídos por algunos individuos a la “res pública” puedan ser encaminados a satisfacer -sobre todo en los Países menos favorecidos-, las necesidades fundamentales de las poblaciones.
* El autor es Embajador de Italia en Nicaragua.
