Mario Alfaro Alvarado
En tres ocasiones diferentes, Arnoldo Alemán y dos de sus corifeos afirmaron ante las cámaras de televisión que el Partido Liberal se mantendrá en el poder durante 50 años. Esta aseveración no es una mera baladronada, es un propósito “ideológico” del liberalismo rampante de Nicaragua. Tampoco responde a la ambición personal de unos pocos liberales; es lo que todos o casi todos los dirigentes tienen como aspiración común. Esa mayoría difiere del jefe máximo de la cofradía en que éste quiere imitar a Somoza y sus correligionarios quieren que haya permanencia del partido en el poder pero que la Presidencia de la República sea rotativa.
Como consecuencia de ese principio liberal, nació la idea del fraude electoral en las mentes de los cabecillas del Partido Liberal Constitucionalista. Primero será en las elecciones de alcaldes y un año después en las elecciones generales.
El primer paso fue controlar la Asamblea Nacional por medio de un pacto con los sandinistas. Una vez sometido el Parlamento a la voluntad de los pactistas, se procedió a reformar la Constitución en los artículos pertinentes y la adecuaron para aprobar una ley electoral “ad hoc”; a continuación se adueñaron del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Así quedó listo el escenario para el fraude. La labor principal se asignó al CSE y a la CSJ se le asignó otra no menos importante, como es secuestrar en las gavetas todos los recursos de amparo contra el fraude.
A partir de allí comenzó a funcionar el engranaje de la conspiración fraudulenta. Cada caudillo nombró a los que los representarían personalmente en el Consejo Supremo y en la Corte Suprema; y se aseguraron de que no fuera a fallar ninguna medida excluyente al determinar quienes participarían en las elecciones y quienes no.
Aparejado con el fraude en desarrollo y para premiar los méritos políticos de los fieles colaboradores, los caudillos gemelos ordenaron a la Asamblea Nacional que nombrara comisarios políticos en la Contraloría General de la República, para solucionar sumariamente los casos como las chinampas y los checazos. También se ordenó a la Corte Suprema de Justicia que aflojara las bridas a algunos jueces escogidos para que solucionaran los casos que cayeran en sus manos por haber salido del control de la Contraloría.
En Esquipulas los sandinistas concluyeron que no podrían sostener una guerra indefinidamente. Admitieron que la única salida sensata era buscar una solución pacífica en las elecciones y para ello aprobaron una ley electoral y establecieron el Consejo Supremo Electoral para que organizara y dirigiera el proceso electoral. Ese Consejo que demostró imparcialidad durante todas las elecciones desde 1990, ha sido cambiado por otro que es instrumento dócil de los firmantes del pacto.
Errare humanum est. La máxima humanista con que Séneca llamaba a la comprensión, aquí se utiliza como un recurso cínico para disculparse cuando algo les sale mal a los políticos. Estamos en Nicaragua y sabemos que los errores políticos los paga el pueblo. Es cierto, errar es de humanos; pero cuando el hombre que yerra es perverso, sus errores son igualmente perversos.
Parece que no hay límites para el Consejo Supremo Electoral, hasta el extremo que con una simple cédula de identidad ayudó a un trígamo (casado tres veces) a eludir la acción de la justicia. Contra los abusos del poder, abusos auspiciados por el partido liberal y sus socios sandinistas deben votar los ciudadanos en las próximas elecciones y deben hacerlo como un torrente que demanda justicia y transparencia. Aceptar un fraude en las elecciones del próximo noviembre, sería aceptar por adelantado el fraude que seguirá en las elecciones generales del 2001. Derrotar al fraude debe ser la única consigna.
El autor es periodista y analista político.
