- Aguado afirma que están haciendo un estudio legal del caso, pero se pronunciarán hasta el viernes
Karla Marenco L.Mariela Ocón Rodríguez
El presidente ejecutivo del Seguro Social, Martín Aguado, sostuvo que el INSS no es competente para asumir el pago de las exoneraciones de energía eléctrica para los jubilados que consumen menos de 150 kilovatios horas al mes.
La Ley que concede beneficios adicionales a los jubilados (Ley 160) establece la exoneración referida, sin embargo, ahora los viejitos se quedaron “manos arriba”, pues ni el INSS ni ninguna otra institución quiere asumir esa papa caliente, pese a que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, ya dijo que el Seguro Social deberá asumir el pago de dichas exoneraciones.
Aguado dijo que la Ley 160 no determina cuál es la instancia encargada de responsabilizarse de las exoneraciones de luz de los jubilados, pero quedaba implícito que era la Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica como parte del Estado.
“Ahora que el cobro de la energía ha pasado a manos privadas, viene la disyuntiva”, de quién debe asumir el subsidio de los jubilados.
“Estamos haciendo un estudio legal que concluirá el viernes y ese día emitiremos un comunicado para determinar la acción que el INSS tomará”, apuntó el funcionario del Seguro.
El INSS solicitó a ENEL información de cuántos son los jubilados que gozan de la exoneración de energía eléctrica y lo que eso significaba mensualmente en dinero.
Universidades en negociaciones
Rectores de diversas universidades del país ya tuvieron la primera sesión de trabajo “informal” con el Gobierno para expresar sus propuestas y alternativas ante la suspensión de la electricidad a sus recintos.
Mario Caldera Alfaro, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), dijo que aprovecharon la oportunidad para expresar alternativas y propuestas ante la posible suspensión del subsidio de electricidad por parte de la empresa española Unión Fenosa.
Caldera informó que dentro de las propuestas que tienen preparadas se encuentran: establecer un auditoriaje energético dentro de las universidades, creación de subestaciones energéticas propias en cada recinto y un plan de ahorro de energía.
“Propusimos medidas paliativas de manera que el Gobierno esté anuente a continuarnos subsidiando la energía a los diferentes recintos universitarios porque si no sería un duro golpe a la educación”, argumentó.
Caldera dijo que según cálculos que han realizado, las universidades gastan aproximadamente 30 millones de córdobas anuales por universidad, lo que representa aproximadamente un 61 por ciento del presupuesto de 490 millones de córdobas que reciben, equivalente al seis por ciento del presupuesto general.
