Emilio Alvarez M.
Hasta hace poco la corrupción de altos funcionarios de gobierno se daba por sentado en el mundo entero, pues se sostenía que recibir sobornos era derecho adquirido y parte del sueldo devengado. Había también la creencia que en los países latinos el cohecho se practicaba con facilidad e impunidad, pues era parte inevitable de su cultura.
Todos esos absurdos quedaron atrás al finalizar la guerra fría, mientras la globalización de la democracia empezó a exigir transparencia gubernamental en las cuatro esquinas del planeta. Para ello ha sido esencial mantener la libertad de prensa y elecciones libres, condiciones que se defienden cuidadosamente. Son muchos los casos recientes que ilustran el cambio respecto a la tolerancia hacia la corrupción. En México impresionó el relevo del PRI, tenido como el arquetipo del cohecho. El caso siguiente ha sido Alberto Fujimori, fracasado en su intento de quedarse tres períodos consecutivos manipulando el control de los poderes del Estado.
Sigue en la lista, el escándalo hecho público el mes pasado de un grupo de senadores argentinos del partido de gobierno, quienes aceptaron mordida para aprobar una legislación favorable a los empleadores. Ello motivó la protesta y renuncia del vicepresidente de la Republica, Carlos Alvarez, quien criticó al Presidente de la Rúa por retener al Ministro intermediario en la compra de los votos.
En ese escenario de prácticas abusivas no se salvó Chile, al conocerse pagos exorbitantes a funcionarios de empresas estatales, cesanteados al asumir el Presidente Lagos. Ese episodio sirvió para descubrir los altos sueldos que disfrutaban los despedidos (200 mil dólares anuales) cuando el promedio de la burocracia del mismo nivel, es de diez mil al año. Ese dispendioso reparto de fondos públicos también se dio en Nicaragua (Banic, Cementera, DGI, DGA, Enel, Enitel). El repudio de la opinión pública obligó que al menos dos de los favorecidos, devolviesen el dinero. El caso del ex canciller Helmut Kohl es el más dramático por tratarse de una prestigiosa personalidad. El se había quedado con fondos destinados a su partido, sin informarlo. Y aunque no lo hizo para su provecho personal sino para campañas de la UDC, el hecho violaba la ley y está siendo enjuiciado en el Bundestag.
Lo más reciente en esa muestra perversa sucede en Filipinas. El Presidente Joseph Ejército Estrada fue denunciado de aceptar once millones de dólares, entregados por la mafia del juego ilegal. Esa acusación obligó al Congreso abrirle juicio para removerlo del poder. La vicepresidente, Gloria Macapagal, lideresa de la coalición gobernante, apoyó su encausamiento, lo mismo que el Cardenal Primado de Manila y desde luego, la ex Presidente Corazón Aquino, tenida como el paradigma de la ética política de su país.
Estamos pues frente a cargos muy graves que aunque afectan a personalidades públicas ya no quedan impunes, por más sobresalientes que sean, pues reciben desprestigio por sus delitos y a veces incluso la pérdida del poder.
El autor es analista político
