El señor Tomás Borge Martínez, segundo jefe del FSLN, acusó a LA PRENSA de querer desprestigiar al candidato sandinista a la Alcaldía de Managua, Herty Lewites, para impedir que éste gane la elección del 5 de noviembre. Según Borge, ese sería el objetivo de LA PRENSA al publicar las informaciones sobre los préstamos por varios millones de dólares, que Lewites obtuvo del Banco Central en las postrimerías del gobierno sandinista, cuando ya había sido electo el nuevo gobierno; un dinero que era supuestamente para el Ministerio de Turismo pero cuyo destino final no está suficientemente claro hasta ahora.
Borge hizo tales aseveraciones en el mismo programa radial en el que aseguró que si Lewites ganara la elección del 5 de noviembre, la Alcaldía de Managua le pertenecería al FSLN, y además se jactó de que con el pacto libero-sandinista el PLC y el Presidente Arnoldo Alemán le sirvieron en bandeja de plata, al Frente Sandinista, la posibilidad de regresar al poder.
En realidad, no sólo el señor Tomás Borge —quien en su carácter de ministro del Interior ordenaba la represión, censuras y cierres contra LA PRENSA cuando el FSLN estaba en el poder— advierte a los medios que no deberían publicar informaciones que perjudiquen la imagen de los candidatos. Otras personas señalan que los medios no deberían hacerse eco de la campaña sucia de los partidos y candidatos contendientes, sino concentrarse en divulgar los programas y los compromisos de los candidatos.
La verdad es que los medios de prensa responsable no reproducen ninguna clase de acusaciones e imputaciones recíprocas de los políticos, si son evidentemente falsas, infundadas e injuriosas. Pero tampoco pueden limitarse a repetir las promesas de los candidatos.
Para difundir su propaganda, los partidos tienen en los medios de comunicación los espacios y tiempos que establece la Ley Electoral. Por otra parte, en el aspecto informativo los medios independientes cubren la campaña electoral de acuerdo con sus propias agendas, que se basan en los intereses de los ciudadanos y no en las conveniencias de los partidos políticos y los candidatos, pues una información independiente y crítica es indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado, para que no tengan que votar como con los ojos vendados.
Tal es el caso de las informaciones sobre los antecedentes financieros del candidato Herty Lewites. Es obvio que la documentación sobre los préstamos millonarios que el Banco Central le hizo a Lewites en 1990, fue filtrada por oficiales del gobierno y del partido gobernante para desacreditar al candidato sandinista a la Alcaldía de Managua. Pero son documentos fidedignos sobre un asunto de legítimo interés público, y además es necesario divulgarlos para que los electores sepan a quién van a dar el voto y a delegar la responsabilidad de gobernar la Alcaldía de Managua, que anualmente recauda sólo en ingresos ordinarios unos 400 millones de córdobas, o sea más de 30 millones de dólares.
Ese criterio aplicamos también a la información sobre los contratos de Solectra con la Alcaldía de Managua, aunque también sabemos que las copias de esos contratos fueron divulgadas por agentes oficialistas para poner en entredicho al concejal Pedro Solórzano, presidente del Partido Conservador de Nicaragua y probable candidato a la Presidencia de la República. Y lo mismo debemos decir respecto a las informaciones sobre la corrupción del actual gobierno que impulsa la candidatura de Wilfredo Navarro, quien podría también ganar la Alcaldía de Managua y por lo tanto es necesario que los ciudadanos sepan a qué atenerse si la comuna capitalina siguiera controlada por el PLC.
La prensa independiente no es cofre de nadie. Su principal obligación es informar todo lo que tiene valor noticioso e interesa a la comunidad. La prensa independiente no se hace eco de infundios ni de los disparates que se dicen los políticos en campaña, pero todos los que aspiran a gobernar cualquier alcaldía, o la República, y quieren administrar los recursos económicos que aporta la gente con su trabajo y con sus impuestos, tienen que someterse al inevitable, implacable y riguroso escrutinio de la opinión pública.
