Emilio Porta P.
Días después que en Nicaragua estallara el escándalo de las indemnizaciones, en Chile partidos de la oposición denunciaron ante la opinión pública algunos abusos observados en el proceso de liquidación de funcionarios que se desempeñaron en distintas empresas estatales, quedando una vez más en evidencia que los latinoamericanos compartimos, básicamente, los mismos males. Sin embargo, no es sobre este hecho que quiero llamar la atención, sino centrar el análisis sobre las diferentes reacciones y medidas que los mandatarios de estos dos países tuvieron y adoptaron ante un mismo problema.
En Nicaragua, el Presidente Arnoldo Alemán Lacayo se refugia en la ley para tratar de dar cuenta de los abusos cometidos por sus allegados. Recientemente, en declaraciones vertidas ante este mismo diario, Alemán afirmó que las millonarias indemnizaciones son legales y que hay una ley “que no maneja” que las ampara. Adicionalmente, el Presidente trata de restarle importancia a lo ocurrido bajo el argumento que en el pasado los abusos fueron mayores.
Es importante señalar que el Presidente Alemán no ordenó, al menos públicamente, que se investigaran las denuncias de corrupción y sólo se limitó a solidarizarse con los ex funcionarios y amigos personales involucrados en el escándalo.
En Chile, el Presidente Ricardo Lagos tuvo una reacción completamente diferente. El mismo día que la oposición formuló las denuncias de corrupción, el gobierno ordenó una exhaustiva investigación. Días después la comisión presidencial encargada informó a la ciudadanía sobre las irregularidades encontradas, no haciéndose esperar las medidas administrativas que Lagos impuso rápidamente para tratar de enmendar los errores cometidos.
Según el informe presentado, muchas de las indemnizaciones fueron legales, sin embargo, ante la situación de desempleo que atraviesa Chile, no fueron consideradas éticas por Lagos, por lo que éste igualmente expresó su repudio.
A los funcionarios que fueron indemnizados, y que actualmente se encontraban trabajando en otra dependencia del Estado, se les dio una semana de plazo para que regresaran el dinero o para que pusieran sus cargos a la orden del Presidente. Este proceso de devolución o renuncias fue público y se llevó a cabo sobre la base de lo anunciado por Lagos; no hubo modificaciones, ni ampliaciones de plazo, simplemente se cumplió con lo ordenado.
Adicionalmente, el poder Ejecutivo y el Congreso chileno unieron sus esfuerzos para darle continuidad a la investigación y actualmente estudian diferentes medidas en contra de aquellos que al abandonar el servicio público se llevaron a sus casas una jugosa indemnización.
Es importante destacar, que a pesar que el mundo reconoce los abusos de poder que se dieron en la dictadura del General Pinochet, Lagos prefirió que no se investigara lo sucedido en esa época, pues no quería justificar un error del presente sacando a relucir otro error del pasado.
Claramente las actitudes de estos dos mandatarios, Alemán y Lagos, son ampliamente diferentes y, en parte, dan cuenta de los umbrales de desarrollo que separan a estos dos países.
*Abogado
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