Los actos de corrupción de los funcionarios públicos de las diferentes administraciones de nuestro país, incluyendo la actual, han llevado a crear la percepción de que las altas dignidades importan no por la honorabilidad y responsabilidad que el cargo exige, sino por la oportunidad de servirse del puesto ocupado para lucrarse desmesuradamente en beneficio propio.
Cabe mencionar que esta percepción ciudadana no es gratuita, sino que está sustentada en los diversos casos de corrupción que la prensa libre ha denunciado.
Para combatir este flagelo, la Vice-Presidencia de la República ha desarrollado el Plan Nacional de Integridad que tiene fundamentalmente tres ejes de acción: Prevención Integral, Desarrollo Normativo y Fortalecimiento Institucional.
La Prevención Integral, tiene como objetivo orientar la supresión de estructuras que fomenten la corrupción, la simplificación de trámites de la administración pública, etc.
El Plan de Desarrollo Normativo presupone la creación y revisión de varios cuerpos legales, de manera tal que el ordenamiento jurídico sea un instrumento que garantice el correcto ejercicio en el desempeño de la función pública. En este ámbito se han logrado avances significativos, aprobándose leyes que tienen como fin el cumplimiento de tal misión, entre ellas tenemos: La Ley de Contrataciones del Estado, Ley Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial, etc.
Es en este aspecto en donde los responsables de la ejecución del nominado Plan tienen su mayor reto: Lograr que en el nuevo Código Penal que se discute en la Asamblea Nacional se tipifiquen como delito manifestaciones de conducta asociadas a la corrupción, figuras como: El enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias; imponiendo penas severas a los autores de los mismos, prohibiéndoseles el derecho a ser favorecidos con cualquier beneficio legal: Condena condicional, liquidación de pena, indulto.
La política de Fortalecimiento Institucional propicia fortalecer los órganos de administración de justicia y de control, definiendo de manera meridiana sus respectivas competencias. La lucha contra la corrupción necesita, además de la ejecución de dicho plan, la vigilancia permanente de los medios de comunicación que de manera objetiva denuncien los actos aludidos en conjunto con la sociedad civil en general. Y ante todo requiere un cambio de actitud del funcionario público que debe tener como divisa servir a la cosa pública y no servirse de ella.
Solamente así podremos conducir a nuestra Nicaragua hacia un verdadero desarrollo.
Dennis Ortega
