Emilio Alvarez*
Ya era tiempo que Nicaragua contase con una Ley de Servicio Exterior, que imprimirá más profesionalismo a las gestiones de nuestros diplomáticos. Aunque la mayoría de nuestros Ministros del Exterior promovieron durante el siglo pasado la promulgación de dicha ley, el canciller actual se empeñó tanto en su aprobación, que por su exitosa insistencia, deberá llamarse ley Montealegre.
No obstante, la implementación de dicha ley será lenta. En Costa Rica, por ejemplo, el porcentaje de funcionarios de carrera en su servicio exterior no llega al veinte por ciento, en Honduras el Ministro de Relaciones Fernando Martínez encontró tantos supernumerarios en su despacho, que mandó a muchos a la cesantía. En nuestro país se dio el caso bochornoso de haberse destituido a Rubén Darío en pleno cumplimiento de una gestión diplomática que realizaba en México. Por lo demás, en Nicaragua el amiguismo, la parentela y el partidarismo son armas poderosas todavía para conseguir empleo.
Las ventajas de un servicio exterior profesional son indiscutibles. En primer lugar hay personas que tienen vocación para “servir a la corona” como decía Schumpeter refiriéndose a quienes prefieren servirle al Estado buscando estabilidad en el empleo. Sin embargo, necesitan preparación básica y continua, además de cualidades personales. Además, el funcionario de carrera debe ser bien remunerado para mantener nítida su sede y persona, disponer de fondos para adquirir información confidencial, atender a colegas burócratas gubernamentales donde está acreditado, etc., lo peor en negociaciones diplomáticas es la improvisación.
En el mundo actual donde la diplomacia además de importante es versátil, es básico disponer de personal especializado en diferentes materias, como negociación de tratados, promoción de exportaciones, gestión de ayudas, defensa de soberanía, protección de compatriotas en el exterior, etc. Son habilidades que no se improvisan.
Por otra parte, hay rangos como embajadores y cónsules que son de la confianza personal del Presidente de la Republica y por tanto se encuentran fuera del régimen de la ley. En cambio funcionarios y empleados aunque permanentes, están sujetos a evaluaciones periódicas para lograr ascenso o ser removidos, para evitar anquilosamiento.
El último aspecto a considerarse es la jubilación. Es injusto que alguien que pasó 30 años de su vida entregada a un trabajo a tiempo completo, reciba al final de su carrera una raquítica pensión de retiro que no le alcanza a cubrir sus necesidades hogareñas.
La ventaja de haberse aprobado esa Ley de Servicio Exterior es que ya existe la Escuela Diplomática José de Marcoleta, a cargo del doctor Armando Luna Silva, que ahora incrementaría cursillos de perfeccionamiento, consecución de becas en el exterior y practicar exámenes de ingreso a la carrera diplomática o valoraciones de eficiencia.
Finalmente señalemos que la construcción del nuevo edificio de la Cancillería, que nunca tuvo uno propio y que ahora dispondrá de más de seis mil metros cuadrados, será un ambiente apropiado y estimulante para el trabajo de los funcionarios de carrera.
* Ex canciller de la República de Nicaragua.
