- El diputado Sergio García Quintero asegura que Contraloría puede usar el apremio corporal contra ministro de Hacienda
Mario Sánchez P.mario.sá[email protected]
La Contraloría General de la República tiene el pleno derecho y facultades para dictar apremio corporal contra Esteban Duque Estrada, Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien se niega a entregarle el informe que el Banco Mundial hizo sobre el Banco Nicaragüense (Banic), consideró el doctor Sergio García Quintero, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El doctor García Quintero afirmó que la Contraloría tiene las facultades, incluso para entrar a las oficinas de Duque Estrada y realizar una auditoría, en base a la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero que el Presidente Alemán no la sanciona.
Según García Quintero, aún en base a la Ley Orgánica que está en vigencia desde los años 80, la Contraloría goza de todas las facultades y derechos para ordenar el apremio corporal de Duque Estrada, para obligarlo a entregar el informe del Banco Mundial y de hasta entrar a las oficinas del Ministerio de Hacienda y realizar un auditoriaje de las cuentas de las arcas del Estado.
“Es inconcebible de que a la Contraloría se le hayan cerrado puertas, gavetas, archivadoras y que se hayan negado todas las informaciones y para colmo, que Duque Estrada se resista campantemente a entregar el informe del Banco Mundial, como si no existiera la Contraloría y que el Ministerio de Hacienda fuera un ente que no solamente está contra, sino sobre la ley”, afirmó García Quintero.
“Esto no puede admitirse, porque en Nicaragua ni siquiera el Presidente de la República de estar sobre la Ley. Todos los funcionarios públicos nombrados o electos están sometidos a la ley, según el artículo 138 de la Constitución de la República. Todos están sujetos a estas funciones legales y no se pueden ampliar en un campo mayor del señalado por la Constitución y las leyes”, sostuvo.
“Aquí se usa y se abusa del sigilo bancario, como en las épocas clásicas del derecho que había una secretividad total de los bancos. En la actualidad no, cualquier juez del crimen puede romper el sigilo bancario y exigir la información que requiere para aclarar un hecho”, afirmó García Quintero.
