El martes de esta semana, alguien hizo llegar a los medios de prensa documentos de la Alcaldía de Managua, en los que se revela que algunos contratos de ésta con la empresa metal-mecánica Solectra –que pertenece a un hermano del concejal Pedro Solórzano–, supuestamente violaron la ley de contrataciones administrativas del Estado.
Se trata, obviamente, de una maniobra para desacreditar y descalificar al presidente del Partido Conservador, Pedro Solórzano, quien después de que el gobierno le impidió ser candidato a alcalde de Managua se convirtió en probable candidato a la Presidencia de la República y tiene los más altos índices de aceptación popular.
Esta maniobra contra Pedro Solórzano forma parte, sin dudas, de una campaña del gobierno para contrarrestar las denuncias y evidencias de corrupción gubernamental que salen a luz pública prácticamente todos los días. Y también está enfilada a tratar de minar la credibilidad del periodismo independiente, particularmente de LA PRENSA, a la que el Presidente Alemán y sus allegados señalan como parcializada con la oposición conservadora (también dicen, a veces, según el caso y sus conveniencias, que nos identificamos con el sandinismo), para según ellos ponernos a prueba, a ver si somos capaces de publicar informaciones y denuncias que perjudican a los adversarios del gobierno.
¡Pero qué poco y mal nos conocen! Por supuesto que publicamos la información sobre los contratos de la Alcaldía de Managua con Solectra, aún a sabiendas de que el propósito de quienes filtraron los documentos no es que se conozca una irregularidad en el manejo de bienes públicos para que se corrija o castigue, sino dañar la campaña electoral conservadora y desacreditar a Pedro Solórzano. La publicamos, porque nuestra obligación profesional es no ocultar nada que sea de interés público; porque nuestro trabajo consiste en contarle a la gente todo lo que sucede y tiene valor noticioso, particularmente en el sector gubernamental, donde los funcionarios deben actuar como en vitrina y dar cuenta de todo lo que dicen, hacen y gastan; y las publicamos porque nosotros sólo tenemos compromiso con la verdad y con los intereses de los ciudadanos.
De modo reiterado hemos dicho en esta misma columna editorial, que denunciamos y criticamos los desaciertos y la corrupción del gobierno, no para hacer el juego a ningún partido o líder de oposición sino porque tenemos la obligación y el derecho de fiscalizar al gobierno y velar por el buen uso de los recursos de la nación. Y lo hemos demostrado, como en el caso del “fantasma Ramón Parrales” de la Contraloría, en el que se involucró el ex contralor Agustín Jarquín, a quien criticamos severamente a pesar de que él era un tenaz perseguidor de la corrupción gubernamental y víctima de la represión oficialista.
LA PRENSA no adopta como propias las rencillas y animadversiones entre los partidos y los líderes políticos, que es la peor forma de sometimiento en que puede caer un medio de comunicación. Además, la decisión de quiénes deben o no gobernar una municipalidad o el país entero, no nos corresponde a nosotros sino que es una facultad soberana y exclusiva de los ciudadanos. Lo que nosotros hacemos es informar, dar a conocer lo que dicen y hacen los políticos, tanto los que están en el poder como los que quieren alcanzarlo, a fin de que la ciudadanía no vote a ciegas sino que escoja con conocimiento de causa a sus representantes y gobernantes. Si el pueblo se equivoca esa es también su propia responsabilidad.
Específicamente en el caso de esta denuncia de origen oficialista contra una empresa del hermano de Pedro Solórzano, nuestra opinión es que si es cierto que hubo irregularidades en las contrataciones con la Alcaldía de Managua, los culpables deben ser castigados conforme a la ley y la justicia. El problema es: ¿quién va a investigar y a administrar justicia? ¿los funcionarios del mismo gobierno-partido que juega “bola recia” para desacreditar a sus adversarios y eliminar la competencia política?
Nosotros estamos de este lado de la raya. ¿De qué lado están los contralores y los procuradores bipartidistas?.
