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Jorge Loáisiga Mayorga
El proyecto de Código Procesal Penal de Nicaragua, que es elaborado por un equipo del Centro para la Administración de Justicia, encierra en sí la protección de los llamados “delincuentes de cuello blanco” y los actos de corrupción de funcionarios públicos, a criterio del abogado José Adán Barillas.
“Se trata de negociar con los delincuentes pequeños para agarrar a los peces gordos. El sistema de negociación es común en la mayoría de los países”, respondió por su parte José María Tijerino, Subdirector del proyecto.
El actual Código de Instrucción Criminal no contempla la negociación. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la mediación para los delitos con penas menores a un año.
“En el proyecto dice: todo delito es susceptible de negociación. Eso es una barbaridad jurídica”, agregó Barillas.
“Hay una gran protección hacia la corrupción o mejor dicho una desprotección total de la ciudadanía, de la sociedad en contra de los delitos de corrupción”, insistió.
Como ejemplo citó el caso del fraude, el peculado, el abuso de autoridad, los cuales son susceptibles de negociación de acuerdo con el proyecto de Código Procesal Penal, el cual está previsto a ser enviado a la Asamblea Nacional el próximo mes de octubre.
“En los delitos contra el Estado no hay interés individual, no hay interés privado, no hay víctima individual y para que una persona pueda acusar tiene que tener interés personal en el pleito, o sea, tiene que ser víctima de ese delito. Si no se es víctima y no se acusa, no se tiene interés y no hay acción penal”, dijo.
Entonces todos estos delitos de fraude, peculado, abusos de autoridad, etc. están sometidos a criterio exclusivo de la Procuraduría o el Ministerio Público, y se favorece con este sistema la impunidad de los delincuentes de “cuello blanco”, puntualizó Barillas.
w EXPERTO JUSTIFICA “NEGOCIACIÓN” DE DELITOS
“Si lo que queremos es luchar contra el crimen organizado, estaría perfectamente justificado”, dijo Tijerino, al referirse a la negociación entre criminales y la justicia, según normará el nuevo Código Procesal Penal.
A criterio del abogado que es de origen tico y fue Fiscal General de Costa Rica, la única forma de que el aparato represivo del Estado puede tener una posibilidad de combatir la corrupción, es poder negociar con el delincuente (funcionario público involucrado en actos de corrupción) y decirle: “si usted está dispuesto a asumir los riesgos y darnos elementos de juicio que nos permitan perseguir al pez gordo, podemos negociar”.
“Estamos en un proceso que beneficia exclusivamente a los grupos que detentan el poder económico en este país y que castiga fuertemente a los económicamente débiles, a los pobres que son los que irán a la cárcel y será procesados”, agregó el abogado.
“¿Por qué se dice que la cárcel es para los pobres?, porque la Policía y el aparato represivo en general se ensañan o se empeñan en perseguir el cartelazo, pero no persiguen al que mete las garras en las arcas del Estado”, se contestó el abogado tico.
