- Trabajadora dice que es objeto de presiones y vigilancia porque
sospechan que filtró información
sobre gastos de magistrados - Funcionarios de la Corte dicen que traslado fue “por razones humanitarias”, porque la señora padece de
osteoporosis
Karla Marenco L. [email protected]
Doña Dolores Medina Saavedra denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que es víctima de “presiones y persecución” por parte de algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes sospechan que fue ella quien filtró documentación sensible a LA PRENSA sobre los gastos de los magistrados.
Medina hasta hace poco trabajaba como cajera en la Dirección de Tesorería de la Corte, pero dice que luego fue trasladada “sin ninguna explicación” a la biblioteca, aunque admite que le dijeron que había sido por “razones humanitarias”, porque está enferma.
El traslado de Medina ocurrió luego de una serie de publicaciones de LA PRENSA sobre los jugosos gastos reservados, los paquetes bimensuales, las comidas en los mejores hoteles y otros beneficios que se recetan los magistrados.
Ella asegura que en el máximo órgano del Poder Judicial comenzó una “cacería de brujas” para encontrar a los supuestos informantes, por lo que los trabajadores de la CSJ viven en una constante presión de parte de las altas autoridades, que han implementado una serie de medidas estrictas para controlar la información de los gastos administrativos.
Doña María Dolores asegura que ni siquiera al baño puede ir a realizar sus necesidades fisiológicas porque es perseguida y vigilada por algunas personas que trabajan en el área de la biblioteca.
“Hay que pedir permiso delante de personas que ni siquiera conozco. Vas a hacer tu necesidad y al rato te está cayendo una persona de ahí mismo (de la biblioteca), ¿no es triste y doloroso eso?, ¿cuál es la democracia que tenemos los trabajadores dentro del Poder Judicial?”, preguntó Medina.
“He venido a denunciar los atropellos a mi dignidad. Se me señala como la informante para los medios de comunicación, lo cual no es cierto”, reiteró constantemente.
Medina trabajó por tres años como cajera en Tesorería de la CSJ. Ahora que está en la biblioteca su trabajo es “pegar papelitos”. Ella afirma que labora en pésimas condiciones, pues la pusieron a trabajar en una mesita muy pequeña y toda sarrosa.
Medina padece de osteoporosis y está en constante chequeo médico. Ella contó que ha solicitado ayuda para su problema y que el Presidente de la CSJ, doctor Francisco Plata le dijo que su caso sería sometido a la Comisión Administrativa, pero hasta ahora nada.
Ella asegura que las presiones a su persona también se deben a que ésta quiere formar un sindicato para que los trabajadores se defiendan de supuestas arbitrariedades que se cometen contra ellos.
“Ahora quieren desbaratar la formación del sindicato. Ese sindicato va a funcionar cueste sangre o no”, apuntó.
CSJ DEBE PROTEGER LOE DERECHOS HUMANOS
– La presidente del Cenidh, doctora Vilma Núñez, explicó que si la denuncia de María Dolores Medina es cierta, sería una situación muy grave, pues el Poder Judicial constitucionalmente es el principal órgano encargado de proteger los derechos humanos de los nicaragüenses.
– “Esta denuncia nos tiene verdaderamente sorprendidos, de probarse todos los extremos que ella presenta, sería una situación grave”, sostuvo.
– Agregó que el artículo 160 de la Constitución dice que el Poder Judicial es el órgano encargado de velar por los derechos humanos de los nicaragüenses, “sería grotesco para la cacareada imagen de Nicaragua que los magistrados desaten una persecución en contra de alguien que se atrevió a denunciar una irregularidad dentro de las instancias superiores de la CSJ”, acotó Núñez.
– Añadió que en su momento los magistrados del Supremo Tribunal en vez de desvirtuar las publicaciones que en su momento se hicieron sobre el “estira y encoge” del presupuesto para poder costearse sus “gastos reservados”, más bien los justificaron.
– Doña María Dolores Medina expresó que todos los magistrados tienen conocimiento de su caso, pues a cada uno les envió una carta exponiendo el problema, recibiendo el apoyo de los magistrados Rafael Solís, Armengol Cuadra, Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y el doctor Rodolfo Sandino Argüello, quien la mandó a llamar y le dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con ella porque lo consideraba arbitrario.
