Federico Dueñas
No acababan de iniciarse ‘oficialmente’ las campañas políticas para las elecciones municipales cuando los cuatro partidos contendientes que quedaron después de la “purga” efectuada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) en o apoyo al binomio partidista en el poder, los candidatos ya se estaban “volando” con todo lo que encuentran al alcance de la mano y. . . algo má$$$.
No se pudo quedar atrás el propio CSE con su inconsistencia e interpretaciones singulares sobre la vapuleada Ley Electoral, provocando el justo reclamo de los partidos afectados por actos de corte “rojo pringado” hechos con la parcialidad con que los poderosos actúan sin temor al “Voto de Castigo”
La ciudadanía y el votante deben poner especial atención al resbalón que dio a título personal (creyó tener apoyo y, allí solito se quedó) el magistrado Silvio Calderón, cuando de iniciativa propia, efectuó un peligroso intento de censurar y amenazar con sanciones a los dueños de televisoras locales, en detrimento de la libertad de expresión del contendiente del Partido Conservador, William Báez Sacasa, argumentando que las palabras “Pacto” y “Corrupción” no deberían aparecer en la propaganda televisiva, con el banal argumento de que dichas palabras podían dañar la imagen de los otros partidos. ¿Habráse visto semejante temeridad?
La interrogante que se impone ante el elector sería: ¿Quién o quiénes de los que detentan el poder publico se puede(n) sentir aludido(s) cuando se mencionan las palabras Pacto y Corrupción?. ¿Habrá algún funcionario publico, anterior o actual que se sienta personalmente aludido y, en consecuencia ofendido en su honor, cuando en los medios de comunicación se pronuncia alguna (o todas) de la (s) palabra (s) Pacto, Corrupción o Indemnización?.
¿A qué políticos tenía en mente el magistrado Calderón (¡¡¡Nombres…, queremos nombres, señor magistrado!!!) cuando se le ocurrió censurar a los medios de comunicación?. No creo que por su mente pasara el impoluto tesorero del PLC, don Byron Jerez Solís, el imponderable Jorge Solís, el procaz Gabriel Levy, el incorrupto Donald Spencer, el sacrificado “Tigre” Quintana y, tantos muchos otros más que han sacrificado tiempo, familia, vida privada, salud y quién sabe cuánto más por atender las cruentas e imperiosas necesidades de la famélica ciudadanía.
Si la idea de censurar a los medios de comunicación fue de Calderón, él mismo se clavó el puñal y, más pronto que tarde pagará su osadía. Pero si la idea fue “sugerida” por un tercero oculto, es asunto de investigarse a fondo para evitar que quienes actúen así contra la democracia sean desenmascarados y juzgados públicamente para escarmiento y, que en lo futuro no abusen de la ingenuidad y las buenas intenciones de los políticos, ya no sólo de un simple magistrado del Consejo Supremo Electoral.
Pueden estar en peligro el Banco Central, y el sistema bancario nacional si aparecen más “leñadores millonarios”. ¿Quién nos garantiza que no hay más plomeros ocultos tratando de atacar al Ejército con armas de alto poder ( AK 47)?. La seguridad del Estado tiene la obligación de interrogar al magistrado Calderón para deslindar responsabilidades y develar el núcleo del complot (si acaso existe), para tranquilidad ciudadana y de los comicios para munícipes en Nicaragua. Si este asunto queda burocráticamente traspapelado, no quiero ni pensar lo que pudiera ocurrirnos el año venidero, cuando se efectúen las elecciones presidenciales.
