Algunas personas creen que las denuncias que los medios de comunicación hacen de los actos de corrupción gubernamental son las que desincentivan el flujo de inversiones extranjeras hacia Nicaragua. Tal creencia presupone que los inversionistas son tontos, o que basan sus decisiones en las publicaciones periodísticas exclusivamente. Ese es un error.
Son muchos los factores que los empresarios toman en consideración antes de decidirse a invertir en un país, y la existencia de una prensa libre, lejos de ser tomada como un factor negativo, es valorada como un elemento muy positivo por cualquier inversionista serio y honesto. Si no fuera así, los países que atraerían los mayores montos de capital serían aquellos en donde no existe libertad de expresión ni libertad de prensa. Pero no es así. Es al contrario. Los países que más capital atraen, y que por eso mismo son más prósperos y desarrollados, disfrutan de la existencia de una prensa libre.
Es más; la libertad de expresión es la que obliga a los gobiernos a actuar con rectitud y transparencia en el manejo de la cosa pública. Un ejemplo evidente de ello es la reciente restitución que supuestamente hizo Edgar Quintana, ex Presidente Ejecutivo de ENEL, de la millonaria liquidación que le otorgó la empresa estatal en la que trabajaba. Ese acto de corrupción hubiese pasado desapercibido, y la restitución del dinero no se hubiera dado, si los medios de comunicación no hubieran hecho público el bochornoso caso. Igualmente, si las denuncias de las millonarias, injustas y abusivas liquidaciones a Jorge Solís, ex Presidente de ENITEL, a Gabriel Levy, ex Presidente de la Cementera, y a otros funcionarios públicos, no hubiesen sido denunciadas en los periódicos, el Estado no tendría —como tiene ahora— la posibilidad de recuperar, si lo desean los gobernantes, ese dinero. ¿O es que habrá alguien que crea que una mejor manera de servirle a Nicaragua sería callando y ocultando esos desmanes?
La obligación de todo gobierno es hacer bien lo que le corresponde hacer. La obligación de la prensa es poner en conocimiento del público todo aquello que el gobierno esté haciendo mal, para forzar su corrección. Los gobiernos, tanto a nivel nacional como municipal, gastan millones de dólares en propaganda para crearse una buena imagen y para publicitar sus buenas obras. Jamás gastan un solo centavo para autocriticarse o para denunciar los actos de corrupción que se dan dentro de sus aparatos burocráticos. Pero para eso están los medios de comunicación. Esa es una responsabilidad irrenunciable de una prensa libre.
Entre los principales factores que los posibles inversionistas toman en cuenta para traer o no su dinero —aparte de todos aquellos factores que tienen que ver con infraestructura física, como carreteras, puertos, energía, etcétera— están: 1) El marco de leyes existentes. ¿Son leyes favorables a la operación del capital, o por el contrario, son leyes hostiles al mismo? 2) El sistema judicial. ¿Existe o no un sistema de justicia imparcial, rápido, de bajo costo y que asegure efectivamente el cumplimiento de los contratos libremente acordados, o por el contrario, es un sistema venal, corrupto, y parcializado? 3) La propiedad privada. ¿Está la propiedad privada debidamente protegida y respetada, o es susceptible de expropiaciones y de invasiones arbitrarias? 4) Ambiente de negocios. ¿Son los procedimientos burocráticos ágiles, claros y bien definidos, o se hace necesario estar “debidamente conectado” o pagar coimas a funcionarios públicos en todos los niveles para que las cosas avancen? 5) El comportamiento de los funcionarios públicos de alto nivel. ¿Están esos funcionarios dedicados al desempeño de sus funciones exclusivamente, o hacen uso de sus puestos y de los recursos del Estado para su beneficio personal y para competir ventajosamente contra los empresarios?
Pudiéramos seguir enumerando factores que los inversionistas consideran antes de tomar sus decisiones. Pero de una cosa podemos estar seguros: ellos no son tontos, y por eso, la mejor manera de crear un ambiente favorable a la atracción de inversiones no es ocultando la corrupción, sino dejando de practicarla en el gobierno, y castigando —y no apañando, como ahora sucede— a los corruptos.
