Emilio Alvarez
Invitada por el gobierno, la OEA llega a observar el proceso electoral, (municipal y nacional). Ya había estado antes con propósito humanitario (1990-1997), cumplida a cabalidad bajo la jefatura de sus delegados consecutivos Santiago Murray y Sergio Caramagna. Esta vez el encargo es político, lo que plantea los alcances de mandato de la misión. Para empezar, la OEA desde 1985 pretende mejorar la transparencia electoral de los países miembros, creando la “unidad pro democracia” AG/RES 1080, que le autoriza actuar “cuando hay una interrupción abrupta o irregular del proceso político democrático”.
Sin embargo, la OEA no supera todavía su limitación estructural de constituir una corporación de gobiernos celosos de la no intervención. También se le dificulta regular con el mismo rasero a una comunidad de naciones de desigual desarrollo e influencia. Por otra parte, la globalización que perfora la frontera porosa de las soberanías, no alcanza todavía a impulsar con vigor la democratización, como sucede fácilmente con la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Otras veces las conclusiones de las misiones OEA se reportan atrasadas (Nicaragua, 1997) o son descartadas (Informe Stein, Perú 2000).
Lo cierto es que aún no define públicamente la OEA los límites de la autoridad con que reviste a sus observadores, produciendo confusión, desconfianza y frustración en todos los sectores involucrados. Lo lógico es que negocie la OEA previamente con los gobiernos solicitantes los parámetros de la observación electoral, para evitar malentendidos. Por su parte, los sectores opositores crean falsas expectativas del poder de los observadores y son lentos en presentar a tiempo y unidos sus agravios, tanto al CSE, OEA e incluso a la opinión pública nacional, la que permanece a menudo espectadora sin ejercer presión.
Desafortunadamente la OEA durante la guerra fría enmudeció ante elecciones manipuladas por dictaduras militares. No obstante, finalizada la confrontación Este-Oeste y existiendo ahora mayor número de países democráticos en el Continente, surge la oportunidad para la OEA de comprometerse más en el campo electoral. A pesar de todo la OEA ayudó recientemente a cancelar gobiernos inconstitucionales: Haití, 1991, República Dominicana 1994, Guatemala 1993, Ecuador 1997 y 1999 y ahora la inconclusa misión en el Perú.
No se trata de convertir a la OEA en fuerza interventora, ni tampoco volverla un “convidado de piedra”, sino pedirle al menos que fije perfiles concretos de obligado cumplimiento en honestidad, libertad y eficiencia de los procesos comiciales. Por ejemplo, la misión OEA en Nicaragua debería enumerar 1) Condiciones específicas de la pureza del ejército electoral; 2) Evaluar la actual ley y reglamento electoral, que aún puede reformarse; 3) Denunciar procedimientos contra el juego limpio de los actores; 4) Emitir boletines periódicos indicando fallas y haciendo recomendaciones correctivas; 5) Elaborar a tiempo el informe final sobre la calidad del proceso comicial observado. Si la OEA debe jugar un papel importante en Nicaragua como promotora de la democratización comicial, su acción debe ser previsora, pronunciándose sobre la marcha acerca de hechos violatorios de su propia carta.
A su vez, los partidos no deben esperar que alguien de afuera venga a hacerles todo el trabajo, pues la OEA no puede ir más allá de la realidad social del país y de aquello que aguantan sus ciudadanos.
* El autor es analista político.
