José Antonio Poveda Salvatierra
El valor de la polémica abierta es una
conquista democrática de la sociedad. Los límites y las reglas entre el Estado y los medios, no las impondrá el Estado, sino la prensa, la independiente y democrática.
La sociedad rescata del Estado un espacio democrático. El negocio del elogio y los métodos que en nada dignifican las funciones del periodismo, es más desfavorable porque una vez que se le ha puesto en la cima al político, a base de lisonja servil y elogio, no puede dejar de enfrentarlo a una realidad que lo desautoriza.
En un país verdaderamente democrático ningún gobernante puede darse el lujo de rechazar “por irrespetuosas” las críticas de sus opositores. Puede decir que no está de acuerdo con sus críticos y dar sus buenas razones, pero jamás amenazar veladamente con excomuniones moralistas que en la política moderna equivalen a auténticas cacerías de brujas y, mucho menos, hacer uso de la presión económica o la violencia para hacer callar a la oposición. Un funcionario público al que no se le puede pedir cuentas no es funcionario de un régimen democrático.
En días pasados, LA PRENSA publicó varios artículos en los cuales se reflejaba que el gobierno está otorgando publicidad oficial en forma discriminatoria, castigando a medios independientes que tienen alta circulación como LA PRENSA o un alto “rating” de audiencia como el Canal 2 de la Televisión, y favoreciendo a los medios oficialistas con baja circulación o “rating”.
Para tener una visión clara de este asunto, es necesario remitirse a los estudios realizados por servicios publicitarios nicaragüenses, que demuestran que los medios oficialistas reciben el 54% de la publicidad del gobierno. Para ejemplificar, la Dirección General de Ingresos (DGI), que dice no discriminar con la publicidad de la institución, otorgó entre enero y junio de este año un total de 329,670 córdobas al diario del gobierno La Noticia; 111,333 córdobas al Canal 6 de Televisión, y 1,085,000 córdobas al Canal 12, mientras que LA PRENSA recibió solamente 51,760 córdobas en concepto de anuncios de esa entidad. (Diario LA PRENSA, 26 de agosto 2000).
La creación de una auténtica democracia, exige que los problemas del país sean discutidos por todos los que se interesan por ellos, aún con discrepancias y a pesar de la magnitud de las diferencias que puedan surgir. Tratar de impedir la expresión de las ideas, implica tener miedo a la crítica y desconfianza en los puntos de vista propios.
Es importante destacar que de lo que se trata, es darle a las relaciones entre prensa y gobierno un carácter abierto y democrático, donde la crítica sea también una forma normal y estimulante del diálogo.
Es un valor esencial de la dignidad humana que los individuos puedan expresarse, y buscar, difundir y recibir informaciones con plena libertad.
La libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información son derechos de los individuos, pertenecen a cada uno y al mismo tiempo los son del pueblo y de la sociedad, pero comprendida ésta como suma de individuos. La ausencia de esta libertad tiene, por lo tanto, una doble consecuencia viola un derecho individual y conduce al mismo tiempo a una sociedad y un pueblo sin libertad. Desde esa perspectiva, la violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación a la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos.
El Estado no es el gobierno y éste no es una empresa privada. El uso del presupuesto estatal está determinado por la Ley de la República, razón por la cual por el principio de la legalidad presupuestaria, las partidas ya están preestablecidas. Esto no puede usarse para premiar o castigar posiciones políticas de la prensa. Así concebida, la publicidad estatal se transformará, en las condiciones actuales del país, en el limitante principal de la libertad de prensa. Lo que puede o no decirse en un órgano serio de amplio tiraje quedaría determinado por el anunciante oficial, atropellándose de esta forma el criterio independiente de la prensa, en todas sus modalidades de expresión.
Vice Decano Facultad de Derecho UNAN – León.
