Dentro del paquete de iniciativas de ley que presentó a la Asamblea Nacional la bancada sandinista el primero de septiembre, hay una que se titula “Ley de Estímulo Financiero a los Pequeños, Medianos Productores y los Artesanos”. La exposición de motivos de esa ley dice que lo que se pretende es “establecer un marco legal y financiero que permita el alivio de la carga financiera [de los productores] y les brinde realmente alternativas seguras y viables para superar la crisis y ser nuevamente productivos”. Sin duda que tales pretensiones suenan atractivas, pero, si se hace una lectura cuidadosa de la ley propuesta, se descubre que promete lo que no puede cumplir, ya que no es viable, y ni siquiera deseable en su forma actual, para fortalecer al sector agropecuario.
En primer lugar, el contenido de la legislación referida no es más que una típica maniobra populista, muy propia del sandinismo, para ganar simpatías en un período electoral entre algunos miembros del sector de pequeños y medianos agricultores, ganaderos y artesanos, y para hacer que sus allegados —dicho sea de paso, no tan pequeños— no tengan que pagar lo que deben.
Habiendo dicho lo anterior, hay que reconocer, sin embargo, que sí existe un problema de financiamiento para un buen número de pequeños y medianos productores del sector cafetalero que se originó, principalmente, por la interrupción abrupta del canal crediticio que estaba establecido vía el Grupo Conagra (Hermanos Centeno), y que se vino abajo después de que el Interbank tuvo que ser intervenido por la Superintendencia de Bancos por razones bien conocidas.
Lo anterior quiere decir que se hace necesario encontrar una solución rápida y efectiva a ese problema coyuntural, a fin de que esos agricultores tengan los recursos necesarios para hacerle frente a los gastos de la cosecha que se avecina. El otro problema que existe es de tipo estructural y, por lo tanto, mucho más difícil y complejo, porque tiene que ver con las razones de fondo que hacen que muchos agricultores sean improductivos e ineficientes, pero lo cierto es que ninguno de los dos problemas se resuelve con la ley referida.
Ella, en gran parte, lo que propone es una condonación masiva de adeudos que, de darse, le causaría un gran perjuicio al sistema financiero. No es nada nuevo. El sandinismo aplicó varias veces esa medida en los años ochenta, contribuyendo con ella a la destrucción de la banca, del agro, y de la economía en general.
Ninguna solución verdadera puede prescindir de la necesidad de mantener incólume la naturaleza básica del crédito que demanda que las deudas deben de ser pagadas. Si se permite que ese principio se debilite aún más de lo que ya está, se estaría fomentando una actitud de irresponsabilidad que sería fatal para el desarrollo del país.
Por otra parte, la ley propone la reestructuración indiscriminada de adeudos para quienes deban hasta 3 millones de córdobas, lo cual, obviamente, nada tiene que ver con pequeños y medianos productores. Propone, además, cosas verdaderamente insensatas, como la devolución de activos a aquellos deudores que no pagaron sus obligaciones a los bancos, y que por lo tanto éstos se vieron obligados a adjudicarse en pago las garantías constituidas; pero no sólo propone eso, sino que, además, exige que sean los mismos bancos los que financien la recompra a plazos y tasas de interés totalmente irreales.
Y como toda medida populista que sabe que propone algo perjudicial e inviable, dice que, para compensar las pérdidas que sufrirían los bancos y los intermediarios financieros privados por la aplicación de esa ley, se tendría que crear el Fondo Nacional de Compensación. ¿Y a quién le tocaría crearlo y financiarlo? Pues al Estado, por supuesto. Pero, ¿es que acaso podría esperarse del sandinismo una propuesta de “solución” que no fuera proveniente del “papá Estado”? Y bien se sabe que cuando se dice que el Estado paga, es el pueblo el que verdaderamente paga, porque, ¿de dónde es que saca el dinero el Estado si no es de los bolsillos de los contribuyentes? ¡Ah, el populismo sandinista!
