- Reforma aprobada por la Asamblea Nacional faculta a la Contraloría
a pedir incluso apremio corporal
Gustavo Ortega [email protected]
El presidente del Consejo Directivo de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy no descartó el uso de una orden judicial para conocer el informe de auditoría realizado por el Banco Mundial en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Según las reformas, las autoridades judiciales podrán intervenir a solicitud del ente fiscalizador en el requerimiento de documentos que son considerados confidenciales por el sigilo bancario e incluso imponer apremio corporal (arresto) a quienes evadan la orden.
“En el proyecto propuesto por la Contraloría (ya aprobado) claramente se determina el procedimiento para poder tener acceso a la información llamada por el sigilo bancario”, indicó.
La orden sería enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, quien es el representante del Estado en la entidad bancaria.
Duque Estrada mantiene su posición de no hacer público el informe amparándose en el sigilo bancario.
“El señor ministro Duque Estrada por quien yo siento especial respeto y cariño sostiene que el sigilo bancario le impide entregar los documentos y que sólo lo hará con una orden judicial, esperamos analizar el caso para estudiar la posibilidad de solicitar esa orden judicial”, indicó Argüello.
Aclaró que las reformas, aprobadas por la Asamblea a inicios de septiembre, aún no son ley por no haberse publicado en La Gaceta (diario oficial), “una vez que fuera Ley de la República consideraríamos la petición al juez para que tome o no la decisión”.
De acuerdo a un resumen ejecutivo, “estrictamente privado y confidencial”, que obtuvo LA PRENSA de dicha auditoría, la administración del Banic otorgó préstamos de manera irregular en el período 1997-1998.
Dicho período antecede a la venta del 51 por ciento de las acciones, las que fueron ganadas mediante licitación pública por el grupo Inversiones Iberoamericana, S.A.
Proceso que en su momento fue cuestionado por la CGR y que provocó investigaciones periodísticas que dejaron como resultado vínculos comerciales directos entre los antiguos directivos nombrados por el Gobierno y algunos representantes del grupo ganador de la licitación.
Actualmente el Estado es propietario del 49 por ciento de las acciones, porcentaje que podría venderse a privados de aprobarse el proyecto de ley donde se define esta acción y que fue enviado por el presidente de la República, Arnoldo Alemán.
A inicios de septiembre Argüello dio plazo de cinco días a Duque Estrada para que presentara el informe, situación que sigue sin ser efectiva.
