Federico Dueñas de la Peña
Nos sentimos satisfechos al enterarnos que próximamente la Policía del Tránsito revisará con la Asamblea Nacional los elevados precios actuales de las impagables multas a los conductores a fin de realizar ajustes necesarios para que se reduzcan sustancialmente los montos antes mencionados en beneficio del conductor en general… Desde este modesto inquisidor reducto periodístico, cuando nos enteramos que el Tránsito impondría multas exorbitantes a conductores infractores (algunas que superaban el canon de los mil córdobas), con la infantil idea de que estas onerosas multas obligarían a que el conductor manejara con mayor precaución su vehículo, no estuvimos de acuerdo con ello, ya que el incrementar desmedidamente la “carga” de las multas tendría una incidencia relativamente baja en las faltas viales y los accidentes automovilísticos, pues los principales protagonistas de ello son los salvajes buseros y los taxistas (legales y piratas) amparados en cooperativas y sindicatos zorreros, así se lo hicimos ver por este medio a la entonces comisionada Aminta Granera.
El problema no se solucionaba simplemente con incrementar el valor de las multas. El problema es, y sigue siendo, que no existe conciencia cívica en el conductor, que los choferes de buses y taxis no saben manejar o son unos imprudentes e irresponsables, que no respetan las leyes del Tránsito, que no respetan a los demás conductores, que no respetan al transeúnte, que ellos son los principales causantes de la mayoría de los accidentes y muertes en las ciudades y carreteras.
A los buseros y taxistas son a los que hay que controlar, a los que hay que educar, a los que hay que sancionar con firmeza. ¿Cómo es posible que estos fríos victimarios del volante pretendan que las autoridades les condonen multas levantadas a más de seiscientos de ellos, si son en su mayoría auténticos criminales del volante?. Si el Tránsito tuviera el valor de enfrentarlos, debería de aplicarles las multas en que incurrieron, y si lo amerita, retirarles sus licencias de conducir, ya que al no hacerlo, las mismas autoridades del Tránsito se hacen cómplices de sus crímenes, pues les están otorgando licencia oficial para circular sin que estos ominosos personajes cuenten con las calidades mínimas para ello.
Por otro lado el valor actual de las multas es prácticamente impagable para el conductor promedio, por lo que se corre el riesgo de que el agente del Tránsito caiga en la fácil y melosa tentación de aceptar el soborno ofrecido por el infractor, en un sencillo mercantil acuerdo privado de mutuo beneficio económico, que va en detrimento directo de los ingresos de la Institución, además de fomentar peligrosa y tentadoramente la corrupción en este cuerpo policiaco por causa de los míseros salarios que devengan estos servidores públicos, resultando una clara y tentadora invitación a la “mordida”, consecuentemente el infractor por comodidad y economía prefiere sobornar al agente con cien córdobas sobre una multa de seiscientos o mil, adicional a la economía del diferencial de la mordida vs. el valor de la multa, evita tener que enfrentar las molestias y pérdida de tiempo hábil al hacer el pago en el banco, posteriormente tener que ir a la horrible, calurosa, olorosa, burocrática oficina de la policía para recuperar su documento de manejo(licencia o tarjeta de circulación), con el peligro adicional de que se corre el riesgo que dicho documento se confunda o extravíe y se vea forzado a realizar un trámite adicional. Por otra parte el agente sobornado, si resulta sobornado al menos una vez al día con cien córdobas(siendo conservadores), en el mes tendría un ingreso superior a los dos mil quinientos córdobas(sin impuestos), adicional a su paupérrimo salario, platita que no le caería nada mal para hacer frente al criminal costo de la vida en beneficio de su humilde familia o, para “hartarse más de guaro”, en el caso de los irresponsables. Claro está que este ingreso adicional al agente del Tránsito no es comparable a las Glotonas Indemnizaciones que se han recetado “algunos” de los flamantes hombres de confianza del régimen.
¿Sería mucho pedir al Tránsito que por obligatoriedad efectué revisiones periódicas al estado mecánico de buses y taxis?. Dejar circular únicamente aparatos que operen bien. Digo yo, pues estos móviles mortales últimamente han cobrado muchas víctimas inocentes y es obligación del Tránsito el velar por la seguridad de la ciudadanía.
*El autor es administrador de empresas