La Corte Suprema de Justicia debe actuar con diligencia en el caso de la estafa millonaria que involucra almacenes de depósito, bancos y firmas comerciales y que ha afectado gravemente al sistema de ahorro y al mismo Estado. A estas alturas ninguna autoridad competente ha informado a la opinión pública el resultado de sus investigaciones preliminares, para conocer al menos el “modus operandi” de los mafiosos.
Hay demasiados puntos oscuros, contradicciones evidentes entre los actores, cabos sueltos de la espesa madeja, incompetencia de funcionarios de alto nivel como nunca antes se había visto en Nicaragua. El epicentro del caso está en Interbank, pero sus tentáculos están aún por descubrirse plenamente. Sin embargo, en los Juzgados se están dando las típicas leguleyadas y maniobras, para que la causa penal sea fallada por un juez “benévolo” a determinado cliente. Se trata de sórdidas maniobras de letrados que se sienten estimulados por las sumas millonarias que están en juego.
Esta situación nos obliga a llamar la atención de la Corte Suprema de Justicia para que ejerza con vigor y oportunidad su función fiscalizadora que le encomienda la Constitución de la República, a fin que la gran estafa no quede impune.
Estamos conscientes de que jueces y magistrados disfrutan de independencia de criterios a la hora de fallar, pero también sabemos que la Carta Magna y las leyes le encargan a la Suprema Corte la responsabilidad última de que se haga justicia, pues de otra manera caería el ciudadano en indefensión y el país entero en ingobernabilidad.
Salir ahora con la socorrida triquiñuela de que “ya se cumplieron los términos y no se pudo comprobar nada” o que “un juez ejecutor me obligó a sentenciar antes que se agotaran los términos” como alegó el Juez Walter Solís en sonados casos anteriores, o esgrimir argumentos banales para recusar al juez que no les conviene, es una burla, que anima a que sigan las estafas, asesinatos y demás crímenes que ocurren y conmueven a la sociedad nicaragüense, cada vez con más frecuencia. Sería una catástrofe para el sistema judicial nicaragüense, ya de suyo en la picota, si la Corte Suprema de Justicia no corrige y previene todo ese boleo de jueces y se cruza de brazos alegando que la “mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha” en vez de ejercer la función que le corresponde.
El apoyo técnico y financiero que ha recibido la Corte de parte de la comunidad de donantes tiene por objeto facilitarle la independencia de influencias políticas e incluso de orden pecaminoso. Esperamos por ello que esta vez la CSJ asuma su responsabilidad y no se involucre en la politización que debido al pacto contamina los poderes del Estado.
¿En qué quedaría la seguridad jurídica que es la base de la convivencia nacional y la legitimidad del Gobierno y desde luego la posible inversión extranjera ante un eventual desenlace favorable a los autores, cómplices y encubridores de una operación delictuosa de una asombrosa magnitud, que incluso tiene conexiones internacionales, al punto que hace pensar si en todo ello exista la “mano pachona” del lavado de dinero a escala global? ¿Será posible que todo esto quede en un gran embrollo judicial que nunca nadie entendió y que jamás se castigó a los culpables, como fue el caso de los bonos de fomento a la exportación o el asesinato del campesino Pablo Leal?
La Corte Suprema es la cima del Poder Judicial, la que en último grado imparte la justicia en nombre del pueblo, la que fija la pauta de la transparencia, y no puede escudarse en la autonomía judicial, con lo cual se extiende de hecho un cheque en blanco a la venalidad. A la Corte compete nombrar y destituir a jueces y magistrados y eso la obliga a seguir muy de cerca el comportamiento de los funcionarios judiciales, incluso por medio de acciones preventivas. Ahora tiene la oportunidad de poner en práctica y exigir lo que ha enseñado en seminarios financiados por Organismos Internacionales que lógicamente esperan resultados.
