- La credibilidad del organismo electoral es esencial para el arbitraje de las elecciones. Pero esta confianza es a su vez un resultado del papel que desempeñan las personalidades de sus magistrados
José Antonio Poveda S.*
Resultará difícil instaurar una democracia, llevar a cabo elecciones libres y competitivas, si no está presente el deseo amplio y difuso en la población de alcanzar esa meta. Pero también si no existe un liderazgo consciente, convencido y comprometido con esa causa.
Iniciar el tránsito a la democracia conlleva grandes esfuerzos de los que sólo la firme convicción y decisión de quienes asumen la responsabilidad de conducirlo, puede asegurar el éxito. En una fase de arranque democrático, muchas veces los sectores populares más necesitados, que viven atormentados por necesidades tan básicas y elementales para la vida del ser humano como son alimentación, la salud, la educación, el empleo y la vivienda, no interpreta la significación trascendental de la celebración de las elecciones. Ante una realidad tan cruda como ésta, la responsabilidad y el compromiso de quienes dirigen el proceso de democratización es todavía mayor.
Es un gran desafío luchar con tan adversas condiciones sociales y económicas. Pero estas graves dificultades iniciales pueden ser encaradas si existe la visión y convicción del liderazgo por superar los problemas nacionales y saberlos resolver, de que es mejor luchar por el bienestar y la justicia social en un marco de libertades y participación. El despotismo siempre se traduce en desilusión. Cuántos pueblos no han terminado más empobrecidos, vejados y humillados cuando han sido gobernados despóticamente.
Organizar unas elecciones es el inicio de un proceso de democratización, requiere la presencia de determinados instrumentos fundamentales. Ante todo de una Constitución Política que establezca reglas de juego, claras y amplias, para todos los que participen en la contienda electoral y estimule al mismo tiempo el desarrollo de los Derechos Humanos y diseñe una mecánica institucional acorde con la realidad. Hay que disponer, de una legislación electoral elaborada con el deseo y la inteligencia de garantizar la celebración de elecciones sobre una base pluralista y competitiva y evitar ante todo los impedimentos y obstáculos, para reforzar tanto la credibilidad y legitimidad nacional e internacional. Y de manera más concreta, establecer un organismo electoral especializado (Consejo Supremo Electoral), concebido para administrar las elecciones y facultado para conocer y decidir sobre las controversias que en ella se susciten.
De acuerdo con la teoría democrática, las elecciones se conciben como un método mediante el cual la mayoría de los ciudadanos o electores de un Estado escogen, entre varias opciones alternativas, a un conjunto de candidatos, presentados por diferentes agrupaciones, para ocupar y ejercer las distintas funciones del gobierno. Estos candidatos prometen y se comprometen, en el caso de ser seleccionados, a materializar un programa de acciones gubernamentales dentro de un período de tiempo determinado.
Las elecciones, entonces, implican la materialización de una serie de actividades concatenadas que se llevan a cabo en etapas, es decir, de manera sucesiva. Estas etapas deben ser concebidas como un todo dinámico, como un proceso. En cualquier proceso electoral participan varios actores: los que tienen el derecho de elegir (los electores), los que tienen el derecho de proponer candidatos (los partidos políticos), los individuos que han sido propuestos y que compiten por los distintos cargos públicos (los candidatos).
La democracia es un sistema de vida que se basa en un mecanismo racional de convivencia, legitimado por el consentimiento ciudadano expresado a través de su participación, que significa identificación de propósitos entre gobernantes y gobernados. Un compromiso que fija canales de expresión y equilibrio de intereses plurales y a veces antagónicos.
La práctica y la autenticidad del sufragio, constituye vías de legitimación del poder político, resultado del libre consentimiento y la participación popular. Así, la promoción del derecho y los procesos electorales auténticamente libres y democráticos, debe entenderse como la defensa de un derecho humano fundamental que está íntimamente relacionado con otros derechos básicos, especialmente los de libre expresión y libre asociación.
La credibilidad del organismo electoral es esencial para el arbitraje de las elecciones. Pero esta confianza es a su vez, un resultado en cuyo logro juegan un papel importante las personalidades de sus directivos. Estos deben tener una firme convicción democrática, sentido de justicia, sensibilidad política, coraje, responsabilidad y equidistancia política. Con estas cualidades, con un buen equipo de trabajo y una adecuada planificación, se puede ganar confianza pública. De las actuaciones del organismo y de su trabajo dependerá, entonces, lo que se puede lograr en el desarrollo del proceso electoral nicaragüense.
* Vicedecano de la Facultad de Derecho UNAN-León.
