A partir de que entre en vigencia la Ley del Servicio Exterior, aprobada por la Asamblea Nacional a mediados de la semana pasada, se debe comenzar —por fin— a profesionalizar la diplomacia nicaragüense.
Según historiadores, la diplomacia, en tanto que ciencia y arte de entender y manejar correctamente los intereses de unas naciones en su relación con las otras, es tan antigua como que hace 4,500 años, en tiempos de la VI Dinastía egipcia (siglo XXV antes de la Era Cristiana), embajadores del faraón viajaban a las costas sureñas del Mar Rojo para negociar con los jefes de las tribus que poblaban esa estratégica zona, y tratar de someterlos sin necesidad de hacerles la guerra.
Pero la diplomacia se desarrolló muy lentamente y no fue sino hasta mediados del siglo XV de la Era Cristiana que hubo el primer embajador permanente de un Estado en el territorio de otro Estado: Nicodemo de Pontremoli, representante del Duque de Nápoles ante la Corte de los Médicis, en Florencia. Y a pesar de que la diplomacia se practica, como ya hemos dicho, desde hace 4 milenios y medio, sólo hasta hace 72 años se firmó un acuerdo internacional (el Pacto Briand-Kellogg, adoptado en París el 27 de agosto de 1928) mediante el cual la mayor parte de los estados renunciaron al uso de la fuerza armada como medio de solución de los conflictos interestatales.
Veinte años después, en 1948, la Carta de las Naciones Unidas refrendó ese principio del Pacto Briand-Kellogg y estableció (artículo 2, párrafo 3) que “los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no pongan en peligro la paz y la seguridad internacional”. La ONU impuso esta misma obligación a los estados que no son parte del acuerdo, al señalar en el párrafo 6 del referido artículo 2 de la Carta, que “La Organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida en que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales”.
No es extraño entonces que hasta ahora Nicaragua comience a profesionalizar su servicio diplomático. Ni sorprende tampoco que la Asamblea se haya demorado 5 años en aprobar la Ley del Servicio Exterior -cuya iniciativa fue presentada en 1995-, ni que su aprobación ocurra 44 años después de que el connotado diplomático nicaragüense, Armando Luna Silva -actual presidente de la Academia Diplomática José de Marcoleta- elaboró el primer proyecto de ley de servicio exterior.
Pero más vale tarde que nunca. Lo importante es que, como se dice en el dictamen de la Ley del Servicio Exterior, ésta permitirá formar en la carrera diplomática a verdaderos profesionales con vocación de servicio público “y que piensen solamente en función de la Patria”.
A decir verdad, Nicaragua no tiene una tradición diplomática relevante. No es casual que Jorge Eduardo Arellano no incluyera en su conocida obra, Héroes sin fusil, ni un solo diplomático entre un montón de próceres, gobernantes, poetas, narradores, periodistas, pintores, escultores, compositores, educadores, historiadores, científicos, médicos, juristas, religiosos, empresarios, filántropos y deportistas. En la historia de Nicaragua son pocos los diplomáticos destacados, siendo el principal de ellos José de Marcoleta, quien a pesar de que era español defendió brillantemente los intereses nicaragüenses a mediados del siglo 19 y se le considera como el fundador de la diplomacia nicaragüense.
Por otra parte, la diplomacia nicaragüense siempre estuvo subordinada a la política partidista, una grave aberración que debe terminar sólo si se aplica de manera efectiva y honesta la Ley del Servicio Exterior, la cual, en una buena medida se debe a los esfuerzos de los ex cancilleres Enrique Dreyfus, Ernesto Leal y Emilio Alvarez Montalván, y del actual ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Montealegre.
En todo caso, la aplicación efectiva y honesta de la Ley del Servicio Exterior dependerá de la voluntad política del mismo gobierno. Por eso hay mucha expectación sobre si el nombramiento del nuevo Canciller de la República significará un avance o un retroceso o estancamiento del proceso de profesionalización del servicio diplomático de Nicaragua.
