“Lo más importante para el duradero mantenimiento del régimen político es una enseñanza adecuada de la Constitución”, escribió Aristóteles (384-322) en su obra maestra, Política, y agregó: “Las leyes más útiles, aún cuando sean ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, de nada sirven si los ciudadanos no son entrenados y educados en el espíritu constitucional”.
La verdad es que para nada sirven las mejores constituciones y leyes, si la gente no las entiende y los gobernantes no las aplican; o si éstos hacen todo lo contrario de lo que aquéllas preceptúan y mandan, tal como lo demuestra la experiencia histórica universal, incluyendo la de Nicaragua.
Por el contrario, si los ciudadanos conocen y saben interpretar la Constitución y las leyes, y por lo tanto son conscientes de sus derechos y sus responsabilidades, entonces hay una mejor organización de la convivencia social y se escoge a buenos gobernantes, no a aventureros que asaltan el Estado y saquean el patrimonio público a punta de checazos, chinampazos, bancazos, remuneraciones inverosímiles y otros muchos abusos y actos de corrupción.
En realidad, las recomendaciones del eximio maestro griego de hacer un uso pedagógico de la Constitución y la ley, tienen permanente actualidad e inclusive parecieran haber sido escritas para la Nicaragua de hoy. Y por eso precisamente se estableció hace ya cinco años, que cada primer lunes de septiembre se debe celebrar el Día de la Constitución, según lo señala la “Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política” que dictó la anterior Asamblea Nacional y fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 179, del 26 de septiembre de 1995.
La razón de escoger el primer lunes de septiembre para celebrar el Día de la Constitución, es enmarcarlo en las Fiestas Patrias de septiembre pero también evitar connotaciones políticas partidistas, puesto que algunos diputados a la Asamblea Nacional pretendían que se celebrara el día en que se promulgó la Constitución sandinista (9 de enero), mientras que otros querían que fuese el 4 de julio, día en que se aprobó la reforma constitucional de 1995.
Como fuera, el hecho es que el Día de la Constitución se estableció como una celebración con sentido y propósito eminentemente pedagógicos, y por lo tanto es obligación del gobierno promover entre la población nicaragüense y particularmente entre los estudiantes de los distintos niveles educativos, la divulgación y el estudio del texto y de la materia constitucional en general. O sea que el Día de la Constitución se funda en la necesidad de formar en los ciudadanos una conciencia cívica y democrática inspirada en el espíritu de la ley constitucional, independientemente de qué partido estaba en el poder cuando se dictó la actual Constitución y cuáles eran los propósitos políticos particulares que perseguían quienes la redactaron y promulgaron.
La Constitución, como sabemos, es el conjunto de disposiciones legales que regulan la organización política de la sociedad, ella confiere la autoridad a los poderes públicos y garantiza los derechos y las libertades de todas las personas, independientemente de su sexo, condición económica y social, afiliación política, credo religioso y cualquier otra opción personal.
En ese sentido, todas las constituciones que ha tenido Nicaragua desde la Independencia de 1821 hasta nuestros días, fueron igualmente importantes y es necesario estudiarlas y entenderlas porque en ellas están representadas las vicisitudes de nuestro proceso histórico, con sus avances y retrocesos, sus vicios y virtudes, sus esplendores y sus miserias. La celebración del Día de la Constitución no significa rendir culto a una Constitución específica, sino a la doctrina y la ley constitucional en general en tanto que base de la convivencia social, de la organización democrática del Estado y de la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Si aquí se cultivara de verdad la pedagogía constitucional que recomendaba Aristóteles, difícilmente la Constitución podría ser ultrajada con acciones mezquinas y arbitrarias como el pacto libero-sandinista, que ha hecho retroceder lamentable y peligrosamente el desarrollo democrático de Nicaragua.
