Ejército y Estado de Derecho

Con motivo de los problemas suscitados por la intervención del Interbank y la posible del Banco de Finanzas (BDF) por la Superintendencia de Bancos (SIB), el jefe del Ejército Nacional, general Javier Carrión, según los medios de comunicación, advirtió que la intervención de más bancos ocasionaría una crisis que podría amenazar, incluso, la seguridad nacional. Por su parte, el ex comandante del Ejército, general Joaquín Cuadra Lacayo, considerando (según La Prensa) la defensa del patrimonio militar como “altamente satisfactoria”, señala (según El Nuevo Diario) la gran responsabilidad del Ejército en la preservación de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y agrega: “ojalá en Nicaragua jamás estén dadas las condiciones para un golpe de Estado”. (Observación ésta que implica, necesariamente, que en su opinión podrían existir condiciones que ameritarían un golpe de Estado). En opinión del autor de este artículo, lo expuesto incide en la concepción de un Estado de Derecho. (Y esto a pesar de la falta de tal Estado, circunstancia que caracteriza al gobierno actual en Nicaragua).

El Estado de Derecho no es algo que podamos encontrar ya hecho, debidamente estructurado, en un determinado ordenamiento jurídico. Por el contrario, es algo que necesitamos hacer. Además, no es una situación estática, sino un proceso y, como tal, algo dinámico, lo que implica un quehacer permanente para poder mantenerlo. ¿Y cómo se hace? Mediante la creación de la ley, siempre, por supuesto, que la ley sea producto de la voluntad, y responda a las necesidades, de la comunidad. Pero, además, condición sine qua non, la existencia del Estado de Derecho depende del cumplimiento idóneo de la ley. Dicho de otra manera: no es la preexistencia de un Estado de Derecho lo que obliga a respetar la ley; por el contrario, es el hecho de respetar la ley lo que hace posible la existencia misma del Estado de Derecho (las dictaduras, por fines propagandísticos, establecen leyes que nunca aplican o que interpretan a su mejor conveniencia).

¿Y cómo se puede irrespetar la ley? La respuesta única pareciera obvia: evadiendo su cumplimiento, tanto por parte del individuo como de cualquier entidad colectiva. Pero el asunto podría ser más complejo. También se irrespeta la ley cuando se parcializa su aplicación por la presión, directa o potencial, de un grupo o de una institución con poder suficiente para crear una inestabilidad política (y esto a pesar de la falta de un Estado de Derecho, circunstancia que caracteriza al gobierno actual de Nicaragua).

El Ejército Nacional ha demostrado, hasta ahora, su total apego a la ley y, consecuentemente, su apoliticidad, entendiendo por esto su completa subordinación al poder civil. No es necesario enfatizar el carácter moral y profesional de sus miembros integrantes. No obstante, brechas en esta subordinación legal (excluidas, por la misma profesionalidad, en forma abierta desobediencia) podrían manifestarse en la aplicación, consciente o inconsciente, de la fuerza de convencimiento que se deriva de su posición militar, en actividades que están bajo la jurisdicción exclusiva de la autoridad civil constituida. Y esto no es un ejercicio académico, porque no resulta suficientemente claro el que problemas de fraudes financieros o que den lugar a iliquidez bancaria puedan desatar una crisis que ponga en peligro la seguridad nacional, ni como situaciones semejantes podrían hacer daño a la institucionalidad de las fuerzas armadas. A mayor abundamiento, ¿daría lugar, acaso, a una crisis el que el electorado en Nicaragua decidiera prescindir de un ejército, limitando las fuerzas del orden a una policía profesional? Y aunque así fuera ¿no debería ser el Poder Judicial, y no el Ejército Nacional, quien tomara cartas en el asunto? (Y todo esto pese a la falta de un Estado de Derecho, circunstancia que caracteriza al gobierno actual en Nicaragua).

Habiendo demostrado su vocación democrática desde el momento en que a través de las urnas el pueblo de Nicaragua terminó con el gobierno de turno (caso insólito en muchas generaciones), no es el reforzamiento de diversos grupos de presión, con facultad de gobernar, la solución a un gobierno que ignora la voluntad popular. Ello sería apadrinar la tesis central de los “pluralistas políticos”, que afirman que el poder normativo del Estado está coordinado y es de igual rango que el de grupos y asociaciones, tales como una iglesia, una organización profesional o un sindicato y que, en esencia, es equivalente a un fraccionamiento de la soberanía, que en una verdadera democracia debe permanecer, indivisible, en poder del pueblo, en forma directa o mediante sus legítimos representantes.

* El autor reside en Washington, D.C. Es abogado y economista.

Me puede escribir a esta dirección.