El magistrado Rafael Solís Cerda reaccionó a las publicaciones de LA PRENSA sobre las remuneraciones y beneficios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalando que “hubo una ‘intención política’ de LA PRENSA para desprestigiar al Poder Judicial por los acuerdos políticos que se han venido manejando”. Además, el magistrado sandinista advirtió a uno de nuestros redactores que “se comunicaría con los directivos de LA PRENSA para tratar de detener las publicaciones del Diario”.
Otro de los magistrados, el doctor Francisco Rosales Argüello, fue mucho más lejos todavía, pues nos acusó de hacer “terrorismo periodístico” con las publicaciones sobre los gastos personales de los magistrados y otras interioridades de la Corte, y aseguró que es porque LA PRENSA “tiene una serie de juicios en la CSJ” y “como que quisiera ablandar a los magistrados”.
Aparte de lo sorprendente e intimidante que resulta ese burdo razonamiento del magistrado Rosales Argüello, debemos decir también que tanto él como su colega Rafael Solís Cerda están rotunda y absolutamente equivocados.
Si las publicaciones y la conducta de LA PRENSA estuvieran motivadas por intereses políticos, o porque querríamos forzar una resolución de la Corte favorable a nuestros intereses, entonces no hubiéramos publicado las informaciones sobre los gastos de los magistrados, y más bien los hubiéramos ensalzado como a ellos les gusta, ya que en sus manos y su voluntad estará la decisión definitiva sobre el reparo de más de 6 millones de córdobas que impuso el gobierno a este Diario, como castigo por las publicaciones que hemos hecho antes sobre la corrupción gubernamental.
El asunto es al revés, pues al publicar las informaciones fidedignas y documentadas acerca de los gastos personales de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, nos hemos expuesto a que por represalia, como ya lo dejó entrever el magistrado Rosales, el máximo tribunal del país confirme el monstruoso reparo millonario que nos impuso por razones políticas el Presidente Alemán a través de la Dirección General de Ingresos.
Comprendemos muy bien que a algunas personas, como los magistrados Solís Cerda y Rosales Argüello, les resulte muy difícil, o imposible, entender que hay un periodismo profesional e imparcial, que investiga y publica los despilfarros en el Estado sin tener en cuenta intereses políticos partidistas ni consideraciones egoístas de cualquier otra clase.
Pero el profesionalismo de LA PRENSA es una innegable realidad, como lo puede comprobar cualquier lector que analice nuestras publicaciones con honestidad y de manera desapasionada. Y como la mayoría de nuestros lectores lo ha comprobado, por lo cual los niveles de circulación y difusión de LA PRENSA han aumentado considerablemente.
El profesionalismo de LA PRENSA se basa en una rigurosa separación de la información y la opinión, y en la también clara separación del área periodística (informativa y de opinión), con respecto del ámbito comercial y gerencial de LA PRENSA. Esto, precisamente, es lo que explica que hayamos publicado las investigaciones sobre los gastos especiales de los magistrados del Poder Judicial, a pesar de que somos conscientes de quedamos expuestos a la represalia de un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia en el caso antes mencionado. Y que sabíamos muy bien desde antes del mensaje oscuro del magistrado Rosales Argüello.
Por otro lado, no es cierto que las informaciones y las denuncias sobre los abusos, despilfarros y actos de corrupción en el gobierno, desprestigian a las instituciones. Es la escandalosa conducta de algunos funcionarios y la misma corrupción, lo que desacredita a las instituciones y produce en la ciudadanía los altos niveles de repudio que se reflejan en las encuestas.
En todo caso, la preocupación y el propósito de LA PRENSA es contribuir con una información libre y veraz a que en Nicaragua haya una administración de justicia eficiente, democrática, apolítica, justa, decente y confiable. Por eso seguiremos publicando las informaciones y denuncias sobre la corrupción pública, a pesar de la intimidación judicial, porque sólo así se pueden corregir los abusos para que la administración de justicia adquiera el prestigio y la dignidad que merece la sociedad nicaragüense.
