En LA PRENSA de los días 14 y 15 de agosto, se publicaron dos artículos del periodista Mario Sánchez: “Agresami ayuda y luego embarga” (primera plana y 5A) y, “Jueza y Policía eficientes” (Pág. 9A).
Esos dos artículos se refieren a: 1) que la suscrita desalojó a los campesinos de la finca “La Pintada”, 2) Que en el caso de Vidal Picado y Francisco Javier Molinares, la suscrita dicto sentencia en contra de éstos a las ocho y treinta minutos de la noche del veintitrés de junio del dos mil, pero que los “acusados fueron notificados de la condena a las nueve de la mañana del mismo día y capturados violentamente por la Policía, momentos después de la sentencia”, 3) Finalmente, se refiere a una acusación promovida por el abogado José Luis Pérez, en la que se acusa a Laureano Juvenal García, Rosalina García y Pablo Lanzas Velázquez por estelionato, pero que la suscrita no dio curso al juicio.
Deseo aclarar que jamás la suscrita ha desalojado a los campesinos de la finca “La Pintada”, además que no es de mi competencia dirimir entre “el tuyo y el mío” o a quien le corresponde la posesión de la referida finca.
En el caso de los señores Vidal Picado y Francisco Javier Molinares Castillo, se les decretó arresto provisional el nueve de junio del dos mil, siendo puestos a la orden del Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa el día trece de junio del año en curso, de tal suerte que cuando se les dicta sentencia simplemente interlocutoria de auto de prisión el veintitrés de junio del corriente año, ya los procesados tenían diez días de estar detenidos.
Por un lapsus calami, la referida sentencia del veintitrés de junio del dos mil, se señaló a las ocho y treinta minutos de la noche, cuando en realidad lo fue a las ocho y treinta minutos de la mañana, razón por la cual el doctor Ramón Chamorro incidentó de nulidad esta sentencia, lo que fue resuelto mediante setencia de las cinco y veinte minutos de la tarde del mismo veintitrés de junio del dos mil, quedando subsanado el error no esencial, de simple redacción equivocada, que no vulnera los derechos ni las garantías de los procesados.
En relación al juicio promovido por el doctor José Luis Pérez en contra de los señores Juvenal García, Rosalina González y Pablo Lanzas, es necesario aclarar que se encuentra en la etapa instructiva de un juicio penal ordinario.
Al periodista Mario Sánchez se le puso a la orden toda la información contenida en los expedientes judiciales, pero ni siquiera se entrevistó con la suscrita, tampoco verificó la certeza de lo vertido en el periódico, y más bien externó que tenía una sentencia en las manos y con eso le bastaba.
Tan prestigioso diario no debe permitir que se vulneren la honra y reputación de esta funcionaria pública, que sólo tiene el interés de prestar el servicio público de la Administración de Justicia con estricto apego a la Constitución y las leyes de este país, lo que ha ocurrido al no haberme brindado la oportunidad de explicar en el mismo momento de la publicación de los referidos artículos, la versión que se corresponde con la verdadera rectitud y transparencia de mis actos, debidamente soportados con la documentación respectiva.
LIC. KARLA EMILIA SAENZ TERAN
Juez Primero de Distrito del Crimen de Matagalpa.
Nota del Redactor
Lamento que la señora jueza use un lenguaje
impropio de una autoridad judicial.
En lo relacionado a la acusación de estelionato promovida por el abogado José Luis Pérez contra Laureano Juvenal García, Rosalina García y Pablo Lanzas Velásquez, según José Luis Pérez, abogado de los indiciados no es cierto que no dio curso al juicio sino que lo tiene guardado en sus archivos, y no lo “mueve” a pesar de protestas por escrito del doctor Gerardo Medina, Procurador Penal de Matagalpa, quien le ha pedido girar orden de captura para los acusados.
Con respecto al caso de la sentencia que la jueza dictó en junio de este año contra los procesados Vidal Picado García y Francisco Antonio Molinares, directivos de la Agropecuaria Denis García Cardoza, de San Ramón, Matagalpa, no dice la verdad cuando sostiene que al periodista “se le puso a la orden toda la información contenida en los expedientes judiciales, quien ni siquiera se entrevistó con la suscrita, tampoco verificó la certeza de lo vertido en el periódico, y más bien externó que tenía una sentencia en las manos y que con eso le bastaba”.
Por teléfono solicité una entrevista para que me aclarara la contradicción contenida en la sentencia que emitió el 23 de junio, contra los señores Picado y Molinares. Sin embargo, la señora jueza no me quiso atender, mucho menos que me haya puesto toda la información a la orden. En su lugar puso atenderme por teléfono al señor Rubén Rivera, quien según él mismo trabaja como “Operador de Computadoras” en el Juzgado. Dada esa actitud de la jueza, opté por escribir la nota informativa haciendo ver la contradicción en la sentencia.
Mario Sánchez P.
