- Secretario del Comité de Privatización sostiene que existe una mala interpretación de la Ley
Noel Hernández Ramos [email protected]
La Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) no detendrá su proceso de privatización a pesar que la Contraloría General de la República (CGJ) notificó que dicho proceso está sujeto “estricta y absolutamente” a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre los recursos por inconstitucionalidad que existen en su contra.
Abdel Karim, secretario Ejecutivo del comité de Privatización, aseguró que los recursos introducidos por los trabajadores de la empresa, así como por diputados sandinistas, tienen un fundamento jurídico errado, así como una mala interpretación de la Ley.
Sin embargo, LA PRENSA consultó a los abogados William Villagra y Alfonso Dávila Barbosa, quienes expresaron que según los procedimientos legales debe existir una ley de privatización aprobada por la Asamblea Nacional y no un decreto de privatización aprobado por el presidente de la República.
Karim, informó que el 23 de agosto el Presidente Arnoldo Alemán contestó a los señores demandantes con una interposición ante la CSJ porque los trabajadores y los diputados sandinistas “están equivocados”.
El alegato toral de los recurrentes es que la Ley 169, “Ley Disposiciones de los Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos”, dice que no se puede disponer de los bienes del Estado sin ir a la Asamblea.
“Pero resulta que esa Ley no tiene vigencia que establece que sólo por Ley se podrá disponer de los bienes del Estado de mayor cuantía, exceptuando lo dispuesto en leyes especiales”, argumentó el funcionario.
Karim, expresó que la Contraloría no ha parado el proceso de privatización, sino que ENEL debe atenerse a los que diga la CSJ.
“La Corte Suprema va a decidir si es legal lo que se está haciendo o no. En nuestra opinión estamos completamente seguros que es legal, estamos dentro de la Ley”, comentó.
Alfonso Dávila Barbosa, ex magistrado y presidente de la Corte de Apelaciones, manifestó que el canal adecuado para privatizar un bien del Estado debe ser la Asamblea Nacional.
“La Asamblea tiene que determinar los alcances de la venta y sus aspectos para lo cual debe haber una Ley”, sostuvo.
Expresó que la CSJ debe resolver de inmediato los dos recursos para dejar claro si se verá o no afectado el proceso de privatización, cuya fecha es el 12 de septiembre.
